Desde hace semanas, en muchos países, incluido el nuestro, se ha dado la voz de alerta respecto del peligro latente de que esta pandemia se convierta en la excusa perfecta para recortar derechos y libertades, reducir el espacio democrático y, peor aún, debilitar más —aunque parezca paradójico— los frágiles sistemas de salud pública para beneficiar a los proveedores privados y a las corporaciones farmacéuticas.
Por supuesto, existe también el grave riesgo —sobre todo en países como Guatemala— de que esta emergencia sanitaria sea aprovechada para profundizar la corrupción en la adquisición de medicamentos, insumos y equipo médico que resultan estratégicos en este momento.
En resumen, hay una preocupación compartida de que el covid-19 se convierta en el gran paraguas bajo el cual se adopten medidas que profundicen el modelo autoritario de ejercicio del poder y acentúen la cooptación del Estado, condición indispensable de este sistema económico excluyente y patrimonialista que nos han impuesto.

De otra manera, resulta muy difícil explicar que antes del inicio de la pandemia y, aún ahora en pleno repunte de los contagios, al presidente se le dé por atacar pública y sistemáticamente al Seguro Social, en lugar de integrarlo a su estrategia de combate del virus.
Las alarmas empezaron a encenderse con los ataques desde el gobierno al convenio suscrito entre el IGSS y la Unops —la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos— que permitió instalar un modelo ágil y transparente para la compra de insumos y medicamentos, que no solo se tradujo en un ahorro millonario de recursos, sino que limitó la práctica opaca de las licitaciones a dedo, que durante años privilegió a determinadas empresas farmacéuticas cuyos dueños —vaya sorpresa— han sido financistas en varias campañas políticas.

¿Recuerdan el caso de los pacientes renales del IGSS que fallecieron por recibir un tratamiento de hemodiálisis inadecuado? Es precisamente por eso que levanta tanta suspicacia el que se ataque un acuerdo que preserva la vida y la salud de los afiliados y que, además, supone una adecuada gestión de los recursos.

Pero el asunto no queda ahí. En plena pandemia los ataques gubernamentales contra el IGSS continúan y se diversifican. El presidente planteó la idea de utilizar los fondos del Seguro Social para establecer automáticamente un seguro de desempleo, sabiendo perfectamente que eso significa un vaciamiento de recursos y la paralización en el mediano plazo de otros servicios esenciales que presta el IGSS como el Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. No se puede desvestir un santo para vestir otro, dirían las abuelas; y menos usar un planteo de este tipo, sabiéndolo inviable en este momento, con la clara intención de socavar al Seguro Social.

Lo cierto es que la campaña presidencial anti-IGSS no da tregua. Las últimas declaraciones infundadas respecto del “ocultamiento” de información sobre pacientes con coronavirus que habrían fallecido en el Seguro Social lo demuestran.

Hay quienes creen que la jugada del gobierno va dirigida a sacar al presidente del IGSS para poner a un funcionario allegado que facilite volver a los acuerdos con las farmacéuticas. Hay quienes sostienen que lo que está en marcha es la vieja táctica de debilitar lo público para luego, habiendo justificado su ineficiencia, proceder a su intervención y, acto seguido, a su privatización.

¡Y cómo no! Los servicios que presta el Seguro Social son una tajada del pastel muy apetecida por los prestadores privados de salud, que desde hace años pregonan porque en Guatemala se establezca el modelo chileno, del cual el pueblo de Chile desesperadamente quiere salir.
No cabe duda de qué lado hay que estar. La Seguridad Social pública y autónoma es una conquista histórica que hay que ampliar y defender.