El comienzo de los desembolsos gubernamentales para hacer efectiva la asistencia económica a desempleados y familias de vendedores informales —que son algunos de los programas ofrecidos por el Gobierno para paliar las penurias acarreadas por el coronavirus— constituirá un respiro para los primeros beneficiarios, pero también acrecentará expectativas y, por ende, agudizará la ansiedad de quienes no resulten favorecidos, al menos en una primera fase.

Es muy importante, desde el primer momento, que estos listados de transferencias se encuentren debidamente acompañados y auditados por personal de la Contraloría General de Cuentas, como un aval preventivo que pueda servir no solo para evitar eventuales confusiones, sino también para hacer eficiente desde el principio este subsidio temporal. No es fácil el procesamiento de miles de solicitudes, y es comprensible que la demora en la confección de listados se deba a cotejos y revisiones de la identidad de los beneficiarios. Sin embargo, la precariedad ha puesto a muchos guatemaltecos al borde de la desesperación, por lo cual, una vez iniciado el proceso de entrega, deberán tenerse metas ambiciosas de nuevos grupos de beneficiarios para poder auxiliar a más familias.

La responsabilidad de alcaldes y diputados es mayúscula en este proceso, puesto que deben velar por la transparencia en la distribución de recursos, monitorear la equidad y la idoneidad de los beneficiarios, así como cuestionar cualquier indicio de clientelismo. Absolutamente ninguna persona, autoridad, representante o funcionario debe intentar reclamar rédito político alguno por esta subvención que se desarrollará gracias a endeudamiento del Estado y que todos, absolutamente todos los ciudadanos, deberán pagar en los próximos años. Tampoco es válido querer obtener propaganda a partir de reclamos mediáticos, pues si en alguna localidad hay familias desatendidas que califiquen para recibir la ayuda, existen mecanismos institucionales para buscar la asistencia.

Los mecanismos utilizados para la entrega del desembolso tienen la ventaja de poseer trazabilidad digital: depósitos a una cuenta bancaria a la que se puede acceder mediante cajero automático, agencias o débitos en tiendas mediante el número de DPI, pero a su vez esto entraña una responsabilidad adicional para los titulares del beneficio, puesto que deben resguardar su documento, mantener en un ámbito confidencial sus transacciones y llevar un registro de estas, para evitar confusiones, robos o malentendidos.

Cabe señalar que los programas propios de la emergencia por el coronavirus no sustituyen ni deben efectuarse a costa de otras formas de asistencia social o nutricional, ni pueden convertirse en permanentes, puesto que por ley fueron establecidos para un plazo máximo de tres meses. La atención a las regiones en peligro alimentario concentradas en el Corredor Seco deben tener un despegue inmediato, una ejecución más eficiente y un diseño integral para dar acompañamiento de salud, capacitación productiva y desarrollo de proyectos agrícolas que generen nuevas perspectivas para estas comunidades.

Se reitera que el desafío es grande para todo el Estado, puesto que los fondos utilizados son de todos los guatemaltecos, en un abanico de subsidiariedad institucional que se fundamenta en elementales normas de solidaridad humana y servicio a los más desfavorecidos.