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Incidente en el Cepello de Venezuela: decenas de muertos en una cárcel del oeste del país en medio de la crisis por el coronavirus

El vicepresidente Jorge Rodríguez intervino este sábado en televisión estatal para ofrecer su habitual informe sobre la situación de la covid-19 en el país, sin mencionar lo ocurrido en Guanare.

(Foto Prensa Libre: Reuters)

(Foto Prensa Libre: Reuters)

Venezuela registró un nuevo y sangriento altercado en sus cárceles, esta vez, en medio de la pandemia del coronavirus.

Decenas de personas murieron el viernes 1 de mayo en el Centro Penitenciario de Los Llanos (también conocido como Cepello), en la ciudad occidental de Guanare.

Las autoridades describieron el suceso como un “intento de fuga”, si bien otras fuentes refutaron esa versión y apuntaron a problemas en la entrega de alimentos del exterior.

“Es como difícil creer que a la 1 de la tarde, a plena luz del día, se vayan a escapar los presos por la puerta principal”, manifestó Beatriz Girón, directora de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OPV), a la agencia Reuters.

El gobierno no proporcionó un balance de víctimas, si bien medios locales y agencias internacionales de noticias sitúan la cifra de muertos en al menos 46.

El número de heridos varía según la fuente, entre al menos 50 y 75.

Un funcionario del penal citado por la Agencia EFE de forma anónima advirtió que la cifra de muertos “irá subiendo”, porque el estado de algunos lesionados es de “extrema gravedad”.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, Los Llanos tiene una capacidad instalada para 750 reclusos, pero actualmente dentro de las instalaciones sobreviven unos 2.500 reos.

Map: Map showing location of the city of Guanare in Venezuela
(Foto Prensa Libre: BBC)

El incidente se produce en medio de las ordenes de confinamiento y distanciamiento social por la covid-19 en el país, y entre denuncias de organizaciones como Humans Right Watch o Amnistía Internacional por el hacinamiento de presos en las cárceles de Latinoamérica, que aumentan la vulnerabilidad de los presos ante la pandemia.

En varias partes de la región, se han producido altercados en las cárceles por la falta de medidas para enfrentar el coronavirus o las restricciones impuestas, que en algunos casos pueden suponer que los presos no reciban los alimentos traídos por familiares o visitas del exterior, de los que pueden depender.

Diferentes versiones

El suceso ocurrió el viernes a las puertas del penal, según medios locales e internacionales.

Durante la refriega, en la que los reos usaron armas de fuego y blancas, así como objetos punzantes y una granada, resultó gravemente herido el director de la cárcel, Carlos Toro, apuñalado en la espalda y en la región occipital, informó EFE.

Entre los heridos, además, también se encuentra la teniente de la Guardia Nacional Bolivariana Escarlet González, quien fue alcanzada por esquirlas de granada.

Los heridos fueron trasladados al hospital Dr. Miguel Oraá.
(Foto Prensa Libre: Reuters)
Reuters
Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados al hospital Dr. Miguel Oraá.

La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, aseguró al medio venezolano Últimas Noticias que el incidente se debió a un intento de fuga e informó de la apertura de una investigación para esclarecer los hechos, si bien declinó ofrecer un balance de víctimas mortales o heridos.

Por su parte, el vicepresidente Jorge Rodríguez intervino este sábado en televisión estatal para ofrecer su habitual informe sobre la situación de la covid-19 en el país, sin mencionar lo ocurrido en Guanare.

“Opacidad”

La versión oficial fue puesta en duda por diversas ONG y la diputada por el estado Portuguesa María Beatriz Martínez, que consideraron lo ocurrido una “masacre”.

“Se estableció una modalidad de que los familiares entregaban la comida en la entrada de la cárcel y los funcionarios posteriormente debían entregarla a los reclusos, pero aparentemente estos alimentos no llegaban a la población penal, por lo que decidieron iniciar el reclamo”, señaló la directa de la OPV en un comunicado.

“La información relacionada con la masacre sigue siendo de opacidad“, denunció por su parte la parlamentaria María Beatriz Martínez, en Twitter.

“Se pretende hacer ver como una fuga frustrada, aunque todo indica que es el resultado de un motín por la prohibición de ingresar a la cárcel los alimentos a los privados de libertad”.

Dos mujeres con máscaras a las puertas de la cárcel Los Llanos en Guanare.
(Foto Prensa Libre: @MBMartinezR)
@MBMartinezR
La diputada opositora Beatriz Martinez difundió videos de ciudadanos llorando la pérdida de sus familiares, a las puertas de la cárcel.

Martínez advirtió del colapso en el hospital al que se trasladaron a los heridos y la necesidad de donantes de sangre, y compartió videos con supuestos familiares de las víctimas a las puertas del penal.

“La información que manejan los familiares de los masacrados en Guanare es que los van a enterrar todos juntos en una fosa común”, señaló en Twitter.

La organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad también difundió videos de familiares de reclusos pidiendo una lista de los fallecidos y aludiendo a un problema con un “pase de comida”.


Análisis de Guillermo D. Olmo, corresponsal en Venezuela

Las matanzas se repiten con alarmante frecuencia en las cárceles venezolanas.

La del penal de Guanare se suma a lo ocurrido en mayo 2019 en Acarigua, donde murieron al menos 48 personas, entre presos y policías, y a los 66 que murieron en el incendio de un centro de detención de Valencia en marzo de 2018.

Han sido solo los últimos episodios.

Asociaciones pro derechos humanos y familiares de los presos llevan años denunciando el hacinamiento y las malas condiciones de vida e higiene en los centros penitenciarios.

Como ocurre en otros países de América Latina, hay también denuncias de que las bandas criminales son las que tienen el verdadero control de las cárceles ante la negligencia del Estado.

En las últimas semanas habían aumentado las advertencias de las ONG sobre el impacto que la pandemia del coronavirus podría tener en la población reclusa.

Pero las autoridades no han dado respuesta.