Otra debilidad manifiesta de la gestión de la epidemia de covid-19 en el país, es el manejo público que se ha hecho de la información epidemiológica. Enfatizo lo del “manejo público”, pues me niego a creer que el Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública no tenga la capacidad para generar, analizar y presentar debidamente la información que están recuperando de cada caso positivo, de cada persona que ha estado en cuarentena y muchos otros elementos básicos para el análisis epidemiológico que deberían estar en el corazón del manejo de la epidemia, no digamos del plan de reapertura económica, y de los cuales la ciudadanía debería enterarse. Bajo un pretexto de protección de la identidad personal de los enfermos (información que no hace pública jamás un análisis epidemiológico bien hecho) que pueda poner en riesgo su seguridad, se proporcionan a la población reportes carentes de los mínimos estándares que debe llenar un reporte epidemiológico de uso generalizado. Basta voltear a ver a El Salvador o a México para saber de qué hablo.

Todo apunta a que la información epidemiológica que proporciona el ministerio de salud pasa por filtros políticos que deforman los hechos, como la reconfiguración regional del país, por ejemplo; operan como “verdades a medias” que siembran confusión en lugar de confianza. Se ha anulado totalmente la presencia y visibilidad de los expertos y profesionales de salud pública que tiene el Ministerio de Salud —ni siquiera el ministro abre la boca— no digamos, que se ha ignorado la opinión de profesionales de altísimo nivel que tiene el país y que están especializados en el manejo de este tipo de situaciones. O bien, se apalanca esa experticia conforme a necesidad, por el nombre y el prestigio que tienen esas instancias.

Tener acceso a información transparente y veraz sobre la epidemia permite tomar mayor conciencia del nivel personal y familiar de riesgo que cada persona maneja, lo cual contribuiría a que la gente comprendiera mejor la importancia de las medidas sanitarias que se le indican y a que las cumpliera. Más aún, si la información se acompañara de campañas agresivas de comunicación educativa, en idiomas locales. Habría menor necesidad de recurrir a la coerción y a la presencia policial; a multas y/o arrestos por incumplimiento de medidas y hasta agresiones exacerbadas de policías contra ciudadanos, como las que presenciamos la última semana. No podemos seguir en un formato donde todo se quiere resolver dándole palo a la gente, tratándonos como niños pequeños mal portados, o como tontos incapaces de comprender lo que pasa.

Si algo hay que aplaudir de la estrategia sueca de abordaje de la epidemia covid, es que el gobierno siente respeto por sus ciudadanos y éstos confían en lo que su gobierno dice y hace; de que ambos tienen capacidad de “hacer lo correcto” para el país, y de adoptar por voluntad propia medidas como el confinamiento y/o el distanciamiento social porque posee criterio, información y es solidario. Por supuesto, eso se basa en logros sociales de muy larga data tales como que en Suecia el 85% de su población de adultos jóvenes ha completado la educación media superior, hay libertades y derechos que se respetan en toda circunstancia; y existe la certidumbre de que, si uno se enferma, allí estará un excelente sistema de salud pública para atenderlo.

Nada de eso tenemos acá; ninguno de estos factores se ha considerado tampoco en la discusión sobre reabrir la economía cuándo y cómo; aun y con la escasa información que contamos, es evidente que apenas si comienza a ascender la curva epidémica y la gente, sin información, quedará todavía más expuesta.