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El informe de la APG también señala a “varios diputados, principalmente de la bancada oficial”, de aprovecharse de las restricciones por la pandemia del coronavirus para evitar el ingreso de periodistas a una sesión plenaria donde “se discutían leyes a favor de grupos de poder”.
Además, lamenta el asesinato de dos comunicadores durante el 2020 y externa su preocupación por los 16 casos que investiga, de enero a la tercera semana de abril, el Observatorio de los Periodistas, en los que están involucradas autoridades, empleados públicos y trabajadores de funcionarios.
Asimismo, manifiesta que en los poderes locales la situación no fue distinta. Desde el mismo día de cambio de periodo o renovación de las administraciones municipales se remarcó un problema endémico: La censura que imponen o pretenden imponer las corporaciones municipales a la prensa.
Restricciones o atrasos para que los reporteros ingresaran a los actos protocolarios se conocieron durante ese día.
Incluso, algunos, alegaron ignorancia sobre los derechos de la prensa, para prohibirles la cobertura de actividades del concejo municipal.
Pero no solo las corporaciones municipales son responsables de agredir o censurar a los periodistas y medios de comunicación, también lo son los gobernadores, diputados, empleados públicos y autoridades de distintas instituciones estatales.
Amenazas de muerte, daño o destrucción de equipo profesional, ataques físicos y obstaculizaciones a la cobertura periodística son parte de los ataques recurrentes de estos funcionarios de los cuales el Observatorio de los Periodistas ha tenido conocimiento.
Hasta el 19 de abril, el Observatorio de los Periodistas reportó 28 casos de ataques en contra comunicadores sociales y medios de comunicación, en 13 departamentos distintos.
La APG, luego del informe llegó a las siguientes conclusiones:
- La pandemia del coronavirus covid-19 ha modificado distintos ámbitos de la vida y de ello no queda exenta la libertad de expresión.
- Las limitaciones y restricciones tomadas por las autoridades, para contrarrestar la propagación de la enfermedad, incidieron en la actitud asumida por algunos funcionarios en contra de periodistas y comunicadores.
- El gobierno de Alejandro Giammattei inició con una relación no conflictiva hacia los medios, pero muy pronto asumió posiciones autoritarias y prepotentes, por publicaciones en los medios, que no fueron de su agrado.
- Varios diputados, principalmente los de la bancada oficial, vinculados al denominado “pacto de corruptos”, aprovecharon el contexto de las restricciones por el COVID 19, para impedir el ingreso de periodistas, durante la asamblea en la que se discutían leyes a favor de grupos de poder.
- En lo que va del año han sido asesinados dos comunicadores, en hechos que se dieron antes de la crisis por el COVID 19, pero que siguen en investigación por parte del Ministerio Público.
Entre enero y la tercera semana de abril, el Observatorio de los Periodistas conoció 16 casos en los que se involucra a autoridades, empleados públicos y trabajadores de funcionarios.
