La sensación de temor va cediendo poco a poco, para caer en cuenta que las medidas draconianas se irán relajando, por necesidad. De hecho, está sucediendo gradualmente, aun cuando lo que dispone el Gobierno no camina al mismo paso. Hay más personas en la calle, más tráfico y más empresas han encontrado la manera de funcionar.

A medida que el país y la economía vayan volviendo a un estado de normalidad, se estarán tejiendo diferentes aproximaciones sobre la mejor manera de enfrentar los desafíos; recuperar la actividad económica y atender la masiva expansión del gasto público y la deuda pública. La dramática disminución en la actividad productiva está teniendo un fuerte impacto en los patrimonios e ingresos de las personas. Esto redundará en la recaudación de impuestos, a lo que debe agregarse el significativo aumento en el gasto y endeudamiento público. Tendremos un país más pobre, con un gobierno más caro y más endeudado. Conforme vuelva la recuperación, la economía, es decir, las personas, tendrán que producir más, no solo para resarcir las pérdidas incurridas, sino además para costear un abultado nivel de gasto público y atender más deuda.

De acuerdo con un estudio publicado por UFM Market Trends, el 15 de abril, el aumento en el gasto público con ocasión del covid-19 representa 32.2% de los ingresos fiscales presupuestados. El presupuesto 2020 ya contemplaba un déficit superior a Q21.1 mil millones, equivalente a 35.5% del gasto total; al sumar el gasto aumentado para “combatir el virus” y restar una caída estimada de 12% en la recaudación de impuestos, el déficit podría estar cercano a 80% este año. Ha sido ampliamente estudiado el fenómeno de como cuando los gobiernos se ensanchan para enfrentar una crisis, es altamente improbable que regresen a su nivel previo. Luego de que se atenúe la emergencia médica, surgirá una serie de programas asistenciales que requerirán de más gasto público. Esto es casi inevitable. Al mismo tiempo que se da este ensanchamiento, la economía se contrae; estimaciones oficiales apuntan a una contracción de 1% este año, mientras que otros analistas señalan que podría ser mucho mayor.

Habrá mucha presión para subir los impuestos, que a mi parecer sería un error, ya que reduciría la ya golpeada inversión y debilitaría la recuperación de la economía y el empleo. Surgirán muchas iniciativas para que el Gobierno asuma un papel agresivo y amplíe su radio de actividad, con los costos que ello implica. Ese no es el camino. Por el contrario, será oportuno adoptar legislación y políticas que promuevan la inversión nacional y extranjera, por ser esta la única forma de lograr que la economía crezca, aumente el empleo y se puedan enfrentar las secuelas de la crisis. Se dará algún grado de reconfiguración de la economía global, las empresas buscarán reducir su dependencia de China, por lecciones aprendidas de la crisis. La competitividad de México se verá reducida por las políticas erráticas antiproducción de López Obrador. Guatemala podría adoptar políticas que fueran más amigables a la producción y capturar grandes oportunidades. Una corta lista incluiría una reforma de las leyes laborales, del organismo judicial y la ley de servicio civil. Guatemala no va a progresar con un sistema en el que una corte, de un plumazo, clausura inversiones de miles de millones de quetzales, por atender un amparo interpuesto por una ONG.

No hay estrategia posible para el progreso que no incluya significativo crecimiento en la inversión, que requiere condiciones propicias. Es necesario crear esas condiciones.