El constante entusiasmo que proyectaba Manuel Ayau para que la mayoría de las personas entendieran de economía —al menos lo básico— se siente más comprensible en situaciones especiales.

Como consecuencia de la crisis provocada por el covid-19, en todo el mundo proliferan peticiones para que los Estados aprueben préstamos e inversiones millonarias que activen la economía. Además se exige que no se despida a trabajadores y que las empresas aseguren el puesto y el salario de sus empleados. Algunos no entienden que al trabajador le sucede exactamente lo que al empresario: si un negocio no vende sus productos —porque está cerrado— es numéricamente imposible que tenga recursos para pagar salarios. Esas ingenuas reivindicaciones van acompañadas del supuesto de que como ya ganaron mucho y tienen suficiente, que de ahí lo saquen. Aunque contaran con esas inversiones millonarias que se les endilgan, no advierten que los grupos empresariales no tienen el dinero escondido en el cajón de la mesa del jefe, sino invertido en diferentes proyectos y, por lo tanto, no disponible inmediatamente.

En los Estados ocurre algo similar porque el dinero únicamente sale del bolsillo de los contribuyentes. Es difícil que un gobierno pueda destinar cientos de millones de dólares para atender la crisis, cuando el país está endeudado más del 100% de su PIB, como ocurre con los desarrollados, o no cuenta con ahorros. Es el debate que se tiene en la Unión Europea, en donde España, Italia o Portugal piden solidaridad, mientras Alemania o Países Bajos —históricamente más previsores y ahorradores— les hacen ver que podrían estar mejor si se hubieran preocupado de guardar —y no despilfarrar— en épocas de “vacas gordas”. Un viejo y desteñido debate que se dio en 2015 en la Grecia del socialista Alexis Tsipras, pero del que poco se aprendió y nos lleva a la pregunta: ¿Quién pagará todo después de la crisis?

La única manera de invertir y contar con recursos para el futuro es ahorrar, que es justamente lo que los Estados no hacen, mientras gastan más dinero del que tienen y pueden pagar los impuestos de sus ciudadanos. Cuando se está en apuros, quienes estaban acostumbrados a vivir de derechos otorgados por el Estado exigen que el Gobierno se haga cargo de ellos y continúen los privilegios, pero justamente la crisis no lo permite. Acuden, entonces, al discurso tradicional de que sean quienes más tienen —los que ahorraron— los que asuman la falta de previsión de políticos manos rotas y votantes insensatos, y que se tomen medidas especiales, pero desiguales, para conseguir una “necesaria equidad”. Tampoco comprenden que ciertos artículos suban, y piden la inmediata intervención del Estado, ignorando —también— la relación entre oferta y demanda, y su incidencia en el precio final del bien.

El hombre-masa orteguiano no entiende ni puñeta de economía básica ni se interesa por ella, y eso le preocupaba a Muso, con toda razón. En momentos difíciles se acude al fatal arrogante hayekiano y se pretenden milagros o acciones mágicas de líderes que, sabedores de la situación, prometen el oro y el moro en un ambiente cargado de populismo que solo conduce al borde del precipicio. En los años previos a la II Guerra Mundial, las consecuencias de la Gran Depresión y la millonaria inflación del marco alemán abrieron la puerta a Hitler. Las consecuencias ya las conocemos, pero no aprendemos nada. Muso tenía razón, pero escuchamos poco y asimilamos menos, porque nos acostumbramos a vivir acomodados, mientras “cientistas sociales” nos “solucionen” los problemas. Además de economía, parece ser que tampoco entendimos muchos de democracia liberal ¡Y es que somos lo que leemos!