En medio de una pandemia que aún se extiende y siega vidas, las medidas de distanciamiento dispuestas por el Gobierno hace 28 días parecen tener un efecto bastante pronunciado, pero aún no definitivo en cuanto a reducir la propagación. Hace apenas dos días, varios colectivos médicos especializados del país se unieron para pedir al mandatario Alejandro Giammattei que extienda las restricciones a fin de frenar una multiplicación de contagios, que continúa siendo una posibilidad y que de llegar a ocurrir implica un riesgo de saturación para la infraestructura hospitalaria disponible, sobre todo por la limitada cantidad de respiradores y de personal capacitado para manejarlos.

Por otro lado, cuatro semanas de actividad económica fuertemente limitada por la suspensión del transporte público urbano y extraurbano, la caída en la demanda de ciertos productos y servicios, el cierre u operación acotada de comercios formales e informales y el toque de queda de doce horas diarias comienzan a tener un impacto en el sustento de miles de familias, a lo cual se suma la caída de ciertos rubros de exportación e importación que tienen relación directa con el comercio, la industria y la disponibilidad de empleos.

Se trata de un dilema inédito: no puede haber economía si no hay salud; pero si no hay ingresos económicos para las familias, los subsidios estatales tienen un tiempo de vida limitado precisamente porque el Estado en sí no produce, solo administra los recursos disponibles. Peor aún si se encuentra maniatado por pactos lesivos, desempeños legislativos mediocres e intereses clientelares disimulados que tarde o temprano se revelan.

No es tiempo para dogmatismos. Tampoco es momento para acendrar pasiones políticas ni para presumir y exhibir filiaciones ideológicas, ya sea religiosas o agnósticas. Los auténticos valores se demuestran. La misión del Gobierno es definir rumbo y marcar pautas con criterios de Estado. Es en los momentos de controversia, penuria y agitación que se necesita de un criterio abierto para poder escuchar voces, ojalá contradictorias, para tomar decisiones integrales a fin de salvar vidas mediante la prevención, pero que esta a su vez no se convierta en amenaza, a mediano y largo plazo, para la supervivencia básica.

Varias instituciones autónomas han optado por extender el plazo de suspensión y prestación de servicios a distancia. Algunas universidades y colegios han anunciado ya la prolongación de clases telemáticas por lo que resta de abril e incluso del semestre; esto deben manejarlo con criterios didácticos y de constante monitoreo de la calidad de aprendizaje. El Organismo Judicial y el Ministerio Público también continúan las medidas de distanciamiento, lo cual a su vez demandará una posterior estrategia para ponerse al día.

En el caso del Ejecutivo, es urgente y necesario convocar a voces de peso profesional con diversas especialidades: médicos, economistas, políticos, empresarios, intelectuales y representantes ciudadanos de diversos estratos. No se trata de complacer a todos, pero sí de tener suficientes elementos de juicio para reforzar las precauciones sanitarias a la vez que calendarizar la recuperación paulatina de las actividades nacionales. El Gobierno puede seguir actualizando casos y medidas próximas, pero también debe inspirar confianza en cuanto avizorar las alternativas de reconstrucción e incluso reinvención económica con un abordaje integral e íntegro.