Cuando la ley misma favorece a la mediocridad es una señal de alarma inconfundible e insoslayable sobre la necesidad de revisar las normas que rigen cualquier rama del servicio público, sobre todo si se trata de la contratación de las personas encargadas de la formación escolar de miles de niños, de preprimaria y primaria. El entorno de creciente competencia global por la innovación y mejoras en el desarrollo humano requiere de destrezas matemáticas, habilidades comunicativas, manejo de conceptos complejos y pensamiento abstracto. La pregunta es ¿de quién lo aprenderán los alumnos?

Por eso mismo es preocupante descubrir que siete de cada 10 maestros solicitantes de plazas en el sistema educativo nacional fracasa en las pruebas de destrezas matemáticas y seis de cada 10 no logran superar la nota mínima de comprensión lectora. Pero lo verdaderamente desolador es que ganar dichas evaluaciones no sea un requisito para una contratación, es decir que muchos de esos aspirantes son contratados aunque no cumplan con el mínimo de competencias para enseñar, en una especie de absurda inercia burocrática que no deja de tener su dosis de compromisos politiqueros.

Desde el primer año del período de Jimmy Morales se dio el primer paso para este deterioro en la exigencia de calidad educativa, puesto que se redujo punteo a la prueba diagnóstica para docentes, tanto para los de nuevo ingreso como para quienes fueron trasladados a plazas permanentes. El peso de la calidad educativa se bajó de 15 a 10 puntos, mediante el acuerdo ministerial 1941-2016, a fin de facilitar la aprobación de plazas para profesores que tenían cinco o más años de ejercicio y perdieron el examen.

No está en duda la calidad humana o afectiva de los maestros, pero sí la calificación intelectual y técnica para desempeñar la tarea estratégica de formar a los ciudadanos del futuro. Sin embargo, pesaron más otros intereses, como congraciarse con el apoyo político brindado al anterior gobierno por el cuestionado líder magisterial Joviel Acevedo, quien logró obtener plazas fijas para sus seguidores, en un clientelismo que resulta casi lógico pero altamente censurable, puesto que no prioriza a la niñez, pero sí la instrumentaliza para sus propias agendas.

Para comenzar a cambiar esta perspectiva se debe derogar tal acuerdo de mediocridad y fijar un nuevo estándar de rendimiento, ya que el país no irá a ninguna parte con maestros admitidos en el sistema estatal por un legalismo maquiavélico. Sin duda habrá protestas y descontento, pero no serán seguramente de parte de los profesores responsables que se capacitan, que asisten a las jornadas de actualización y que abrazan su misión como un verdadero compromiso histórico.

Por otra parte, los cursos impartidos por el Ministerio de Educación cada fin de ciclo escolar deben convertirse en obligatorios para todos los docentes cuyos punteos sean inferiores a 70, so pena de no renovarles el contrato para el año siguiente. Dadas las necesidades y el talento disponible en el país, resulta muy probable poder conseguir un nuevo maestro que sí cumpla con los requisitos básicos de conocimiento y que se encuentre en disponibilidad de poner en primer lugar el bien de sus alumnos y no las conveniencias de funcionarios venales o dirigentes inescrupulosos que han llegado a convertirse en uno de los más grandes lastres para la reinvención educativa de Guatemala.