Resulta increíble constatar, después de casi 200 años de historia nacional, después de al menos cuatro dictaduras que abarcan más de 70 años y después de tres décadas y media de democracia, que subsistan en el panorama político individuos que propugnan por desfasadas tesis autoritarias, por abordajes cortoplacistas de la labor del Estado y, peor aún, por relativismos morales disfrazados que los llevan a proclamar discursos biensonantes sobre valores tradicionales pero cuyas acciones los retratan como admiradores de la autocracia, el nepotismo y la discrecionalidad en el uso de recursos públicos, todo con el debido disfraz de legalidad para intentar eludir consecuencias judiciales.

Resulta penoso darse cuenta de que en las últimas dos décadas se sucedieron casos de malversaciones, desfalcos, asignaciones opacas, sobreprecios o contratos cuestionables en entidades al frente de las cuales fungen supuestamente profesionales universitarios graduados y, por lo tanto, juramentados para servir a la sociedad y no para servirse de ella. Mientras tanto, en el día a día de la Nación tantos guatemaltecos honrados, decentes, íntegros y dedicados se concentran en el cumplimiento de sus obligaciones familiares, laborales, administrativas, fiscales e incluso espirituales, aun dentro del mismo Estado, pero esto no basta todavía para frenar el riesgo de infiltración de mafias, de negociaciones a cargo de oscuros personajes o de alambicados tráficos de influencias.

Resulta afrentoso para un país soberano y democrático, pero necesitado de tantos avances en desarrollo, el hecho de que se requieran leyes más duras, normas cada vez más casuísticas —casi predictivas— y controles burocráticos sobre los burócratas para asegurarse de que todos cumplan con el elemental trabajo de servicio público que se les delega.

El gobierno actual anunció medidas de combate interno de la corrupción que deberían funcionar como un disuasivo para las redes que asedian el erario, pero aún faltan reformas legales —comenzando por la arcaica Ley de Servicio Civil—, procesos de formación de personal y la total digitalización de las compras y contrataciones, así como una reingeniería total de la Contraloría General de Cuentas para que deje de estar sometida a la deuda política de quienes eligen a su titular.

El sector empresarial organizado del país lanzó ayer una propuesta de seis grandes áreas que abarcan los tres poderes del Estado para erigir una nueva cultura de transparencia. Es un desafío enorme que vale la pena asumir, pues seguramente habrá grupos interesados en entorpecer una reforma fiscal efectiva, en mantener el truco de las compras directas segmentadas para evadir licitaciones o en rehuir mejores filtros de proveedores, con lo cual se vetaría la participación de allegados, familiares o financistas.

Se necesita una actitud ciudadana renovada. Porque si aún existen diputados capaces de invocar el pretexto de la amistad como justificación para visitar a un operador político a todas luces interesado, si aún pululan personajes señalados de cobrar comisiones ilícitas o si aún existen redes de contrabando y defraudación, no solo es por la falta de leyes más punitivas, sino porque muchos ciudadanos optan por la indiferencia o sufren de decepción crónica, pero esa no es ninguna excusa válida para dejar a sus hijos y nietos un país a merced de los que se presumen superiores a la ley. El momento de la transformación es ahora. El tiempo de las excusas debe terminar. El llamado a extender, ejemplificar y demandar a los funcionarios los valores de integridad, servicio, excelencia e idoneidad es también para usted.