Una importante oportunidad de conocer criterios sobre el lenguaje común y el lenguaje jurídico, así como la necesidad de ayudar a la comprensión de los distintos significados de las palabras en los andamiajes legales de cada país, tuvo lugar en Guatemala el lunes y ayer, con motivo de la visita a la Academia Guatemalteca de la Lengua del doctor Santiago Muñoz Machado, actual director de la Real Academia Española y Presidente de la Asociación de Academias de la Lengua, quien presentó de manera oficial al sistema jurídico del país, representado por la Corte de Constitucionalidad, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, monumental obra de dos tomos y más de 2,000 páginas elaborado bajo la dirección del visitante y presentado de manera oficial en Salamanca el año pasado.

Siempre han existido dos vertientes: una considera a los códigos legales como las fuentes de significado de las palabras jurídicas, pero en realidad estas son la ética y los principios generales del derecho. A veces en las sentencias, por ejemplo, se emplean términos cuyo significado induce a la confusión, y necesitan aclaración, o ampliación, innecesarias si las palabras se utilizan en forma precisa, según el diccionario. En Guatemala, al ser el español el idioma oficial, esta obra es la mayor autoridad, y el andamiaje legal guatemalteco señala consultar el Diccionario de la Lengua Española, sustituto del Diccionario de la Real Academia, porque es aprobado por las 23 academias.

El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico también recoge el trabajo de cientos de personas, y tiene la voluntad de servir no solo a los abogados, sino a cualquier hispanoparlante. Con eso cumple una de las tareas de la RAE y la ASALE: unificar la lengua. En una conversación, el doctor Muñoz Machado señaló dos factores fundamentales: la lengua tiene preferencia sobre el diccionario, y también la ausencia de una regla para consultarlo en caso de duda. Ello no implica ausencia de citas y consultas sobre términos jurídicos; todo lo contrario. Previamente, fue comentado por el presidente de la Corte de Constitucionalidad el viejo aforismo según el cual sin el lenguaje el derecho no podría funcionar, porque sin el lenguaje no podría funcionar, y el estudio de la lengua (forma de hablar de las personas) es fundamental para el estudio y el arte del derecho). Esta debe usarse en lenguaje jurídico, técnico, pero al alcance de la generalidad.

El diccionario presentado el lunes resulta ser una obra jurídica y lingüística, consciente de la relación del lenguaje con la política (de nuevo: no con la politiquería ni con el partidismo). Desde el principio, cuando en 1780 fue publicada la primera edición de las 23 existentes, la obra influyó en la literatura y el derecho, al haber sido consultados muchos literatos. Esta tradición persiste, como debe ser, pero no exclusivamente. La preparación de diccionarios es una tarea académica en sí por ser obras de extraordinaria dificultad, ejemplificada por la constante adhesión de palabras hispanoamericanas (por cierto, un fenómeno en el español desde el mismo año de 1492, cuando Colón utilizó la palabra canoa, al no existir una en España para definirla).

Menciono estos datos porque este DPJ facilita la comprensión y con ello afianza los sistemas jurídicos, como roca firme, tan necesitados de apoyo en vista de la proliferación de burlas disfrazadas de interpretaciones, con el resultado de dejar a la ciudadanía con un sentimiento de desprotección. El caso de Guatemala es enigmático. Se trata de una obra épica, en el sentido de ser grandiosa, fuera de lo común, y carecer de un autor específico, sino ser el resultado de la tarea de cientos de colaboradores y expertos en el complicado mundo jurídico. La tarea del doctor Muñoz Machado resulta mucho más difícil, al convertirse en una especie de director de orquesta y por ello estar obligado a conocer todos los instrumentos, aun aquellos fuera de su dominio. Demuestra el interés por la RAE y la ASALE por beneficiar la comprensión del idioma.