El documento 27 del expediente revela que la corte, como mínimo, condenará a cinco años de cárcel a Estrada, excandidato presidencial del partido Unión del Cambio Nacional (UCN). Mientras otros procesados, que fueron acusados por el delito de conspirar para importar cocaína a EE.UU., enfrentaban penas máximas de cadena perpetua, el juez Rakoff fijó la pena máxima en 40 años y la mínima en cinco. “Sepa que no será condenado a menos que eso”, le dijo el juez a Estrada, refiriéndose a la pena mínima. Es un lapso que comienza a correr desde la captura en abril pasado.
La defensa solicitó a la corte considerar una regulación en la normativa de sentencias mínimas en EE.UU., conocida como “safety valve” (válvula de seguridad), que permitiría a Estrada permanecer menos de un quinquenio en prisión, por no tener antecedentes criminales y por ser esta su primera ofensa de esta índole. “La defensa está en la libertad de argumentar y solicitar cuanto desee, pero esta corte no está sujeta a acatar lo que proponga”, dijo el juez Jed Radkoff.
La defensa dijo que la fiscalía coincidía en recomendar una sentencia menor a cinco años de cárcel, pero el documento también resalta que la fiscalía recomendó una sentencia mínima de 17 años y una máxima de 21 años. El juez anunció que podría dictar una pena mayor, hasta el máximo de 40 años. Si la corte opta por la condena máxima, Estrada sería el guatemalteco con la sentencia más larga dictada en un caso relacionado con el narcotráfico. En 2010, Jorge Mario Paredes Córdova (alias “El Gordo” Paredes) fue condenado a 31 en Nueva York, aunque luego su condena fue modificada a 21 años. En 1992, Arnoldo Vargas fue condenado a 30 años de cárcel, y excarcelado a los 25 años.
Estrada, a diferencia de Paredes y Vargas, se declaró culpable. Otros guatemaltecos que se declararon culpables y colaboraron con la fiscalía, recibieron posteriores reducciones a su sentencia. Sebastiana Cottón, a quien una corte de Washington, D.C., condenó a 17 años de cárcel, salió después de cinco. En 2015, Byron Berganza Espina salió libre después de 12 años, aunque una corte neoyorkina lo condenó a 22 años.
Versión de Estrada difiere con informes de la DEA
“Cuando discutíamos [con los supuestos miembros del Cartel de Sinaloa] que yo ofrecería los nombres de funcionarios públicos [para facilitar el trasiego de drogas vía Guatemala], no estaba consciente de la magnitud del crimen [que estaba cometiendo]”, dijo Estrada al juez, según la página 13 del documento 27. “Después me di cuenta que había cometido un error, y acepto mi responsabilidad por eso”. Estrada no dijo, ni la fiscalía lo aclaró, que también ofreció (si ganaba las elecciones) puestos en el gobierno a los supuestos miembros del citado cartel.
“Fui muy claro en que yo no iba a recibir ninguna parte de las ganancias [del trasiego], pero sí se acordó que me darían cierta cantidad de dinero”, declaró Estrada. El juez Radkoff le preguntó cuánto dinero esperaba recibir a cambio. “Entre US$3 millones y US$5 millones es lo que se habló”, respondió el expresidenciable.
Sin embargo, hay documentos en el expediente que revelan otros datos, como uno que la DEA utilizó para pedir a la corte la orden de captura que les permitió detener a Estrada y González en Miami. El documento número 18, fechado en julio de 2019, revela que Estrada pidió US$12 millones. El documento número 21, fechado en agosto de 2019, revela que fueron US$15 millones—no US$5 millones ni US$3 millones, como Estrada declaró al juez en octubre. El expediente también revela que Estrada aceptó un anticipo de $10 mil dólares en efectivo, transacción de la cual incluso hay una fotografía tomada de un vídeo de la reunión.
Asimismo, el documento 21, en la página 21, cita al fiscal Jason Richman indicando lo siguiente: “El procesado participó en conversaciones en las que discutió el lavado de dinero en efectivo, producto de ganancias del tráfico de cocaína, y su envío desde Nueva York y otras partes en EE.UU. hacia Guatemala, y este es el dinero que el procesado quería para financiar su campaña”. Es decir, Estrada mintió en la corte.
La diferencia en los montos que constan en los documentos, según la DEA, y los que Estrada admitió ante el juez en octubre pasado, es clave. La sentencia incluye el pago de una multa que puede ascender a US$5 millones, o el doble del dinero o ganancias derivadas de la conspiración. La corte opta por el monto mayor y anunciará la multa durante la audiencia de sentencia.
El expediente resalta que Estrada también se declaró culpable, como parte del primer cargo, de conspirar para producir drogas. La porción pública del expediente nada revela de este aspecto. El cargo, que ya no aparece en los documentos del caso de enero pasado, se sustenta en que el procesado conspiró con supuestos miembros del Cartel de Sinaloa, que proveerían droga producida en Sudamérica, y que traficarían hacia México vía Guatemala. Según este caso, la asociación con los productores (aun si era indirecta y con personas que sólo se hacían pasar como narcotraficantes) también le hace responsable de conspirar para producir la droga, así como de pretender permitir el trasiego de drogas en territorio guatemalteco.
Fiscalía retiró acusación por plan para asesinar a exfiscal general
El documento número 27 destaca que, dado que Estrada se declaró culpable del cargo menor en la acusación, que incluía conspirar para importar drogas a EE.UU., la Fiscalía desistió de acusar al procesado por el segundo cargo: conspiración para cometer crímenes violentos vinculados al narcotráfico. El cargo surgió a raíz de que Estrada y Juan Pablo González Mayorga (otrora tercer subsecretario adjunto de la UCN, también capturado con el excandidato) planeaban asesinar a la exfiscal general Thelma Aldana, cuando ésta figuraba entre los precandidatos presidenciales más populares. Los acusados desistieron del plan cuando ya era evidente que el Movimiento Semilla no lograría inscribir a Aldana como candidata.
La porción pública del expediente no revela cómo ha colaborado Estrada con la Fiscalía, como parte del convenio de declararse culpable para no ir a juicio, y qué información habría ofrecido a cambio, de ser así (en su caso o en otros de interés para la fiscalía). Una presunción es que el expresidenciable habría divulgado información acerca de la reunión que sostuvo, unos días antes de su captura, con el entonces presidente Jimmy Morales—en el supuesto de que el mandatario habría estado involucrado en algún hecho ilícito de interés para EE.UU. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han ofrecido evidencia de ello.
El segundo cargo, que aún aparecía en el expediente en enero pasado (aunque fue retirado en octubre), fue el motivo por el cual la corte negó a Estrada arresto domiciliario en julio de 2019, pese a que el procesado ofrecía la propiedad de un amigo en Rhode Island valorada en US$500 mil (unos Q3.7 millones) como garantía colateral de una fianza de US$5 millones (unos Q37.5 millones).
El juez Radkoff sustentó su decisión en que Estrada representaba peligro de fuga. La Fiscalía argumentó que se arriesgaba la vida de los testigos, especialmente de los agentes encubiertos que se habían hecho pasar como miembros del Cartel de Sinaloa. Un informe de la DEA de abril pasado reveló que esos agentes eran miembros de las fuerzas de seguridad de Guatemala que colaboraban con la DEA desde hace varios años. Después que el juez Radkoff escuchó la grabación en la que Estrada y González pedían a los agentes encubiertos que mataran “ya” a Aldana, dijo que el contenido de esa cinta era “perturbador” y negó el arresto domiciliario.
La audiencia de sentencia está fijada para este 10 de febrero a las 2:30 de la tarde (hora Este de EE.UU., o 1:30 de la tarde, hora de Guatemala). La audiencia se había fijado para el 24 de enero. El expediente no revela la razón para el cambio. La corte sustentará la sentencia en la Investigación Pre-Sentencia, que documenta el caso y en qué pruebas se sustenta la acusación. La fiscalía y la defensa podían cuestionar el contenido y solicitar cambios, pero Radkoff tendrá la última palabra acerca de lo mínimo que Estrada puede esperar estar en una cárcel estadounidense.
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