Los terremotos del 4 y 6 de febrero de 1976 tuvieron epicentro en Los Amates, Izabal, a unos 5 km de profundidad en la parte oriental de la falla del Motagua —frontera tectónica entre las placas Norteamericana y del Caribe—; no por subducción en el Pacífico, como anoté en artículo anterior.

Sucedió a las 03:01:43, con magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter, con duración de 49 segundos y energía equivalente a la explosión de dos mil toneladas de dinamita. Provocó una ruptura visible de 230 km a lo largo del río Motagua, desde Puerto Barrios (oriente) hasta Chimaltenango (occidente), abarcando un área de 33 mil km2. Causó la muerte de al menos 23 mil personas y 77 mil heridos graves. Cerca de 258 mil casas quedaron destruidas y más de 1.2 millones quedaron sin hogar.

Para entonces, la importancia del patrimonio cultural edificado era reconocida, lo que no implica necesariamente que el Estado cumpliera su misión de protección en la medida de lo necesario, ya que las instituciones a cargo no contaban con los recursos necesarios, tanto económicos como de personal capacitado y programas de trabajo. Las prioridades, ante la magnitud de la catástrofe, fueron otras. La falta de criterio y la debilidad de las instituciones no pudieron impedir la destrucción derivada de las malas prácticas surgidas de las buenas intenciones de funcionarios ignorantes, quienes ordenaron la demolición de edificios rescatables como lo que quedaba del Convento de San Francisco y el Mercado Central, en la ciudad de Guatemala, por ejemplo.

La Antigua Guatemala contó con el Consejo Nacional para su Protección, creado por la Ley Protectora de 1969 y que apenas cuatro años antes había empezado a funcionar e intervenir en aquellos monumentos cuya fragilidad ameritaba medidas emergentes. Desde esa instancia y con el aporte de su cuerpo profesional apoyó al Instituto de Geografía e Historia, creándose la Unidad para el Rescate del Patrimonio Cultural (Urpac), que de inmediato procedió a hacer registro de la arquitectura monumental dañada, tanto en planos como en descripción de daños y propuestas de intervención.

Ese esfuerzo logró rescatar muchos edificios históricos y representativos de diferentes períodos culturales; esfuerzo insuficiente ante la dimensión de la emergencia, la falta de conciencia de su valor y ausencia de criterio en conservación de parte de autoridades, iglesia y ejército, dedicado a demoler todo aquello que representara potencial peligro de colapso, según su entender. Tal psicosis llevó al gobernador departamental de Sacatepéquez a convenir con el Ejército su oferta de demoler hasta 2.50 metros de altura los muros dañados de los monumentos antigüeños.

Afortunadamente esa mala idea fue abortada al ser del conocimiento de los integrantes del Consejo Protector, aunque no lo suficientemente pronta para evitar la demolición aceptada por el párroco de La Merced de la casa parroquial, hecho que causó gran polémica.

Se crearon dos bandos, al igual que en 1773, cuando el capitán general ordenó el traslado de la ciudad al valle de La Ermita y el obispo se opuso: Traslacionistas Vrs. Terronistas. En el caso contemporáneo estuvieron los Anti Ley Protectora, deseando febrilmente modernizar la ciudad en lugar de mantener las “casas viejas”, Vrs. Conservacionistas, que siempre vieron en la histórica ciudad conservada la más importante fuente de identidad cultural de la Nación.

Más temprano que tarde habrá una nueva catástrofe, probablemente causada por la falla del Polochic, bastante más grande que la del Motagua. El drama está en que, pasados 44 años, poco hemos hecho para estar preparados.