El nombre de este municipio huehueteco, situado a 114 kilómetros de la cabecera departamental y a 343 de la ciudad de Guatemala figura cada cuatro años, desde el 2004, —cuando llega un nuevo gobierno— como “municipio priorizado” en la lucha contra la desnutrición crónica, pero 16 años más tarde, pareciera que nada ha cambiado.
Historia de planes fallidos
En la historia reciente los gobiernos han anunciado planes para disminuir ese padecimiento; sin embargo, ninguno ha alcanzado logros significativos, pese a que solo del 2009 al 2019 el gasto público para la seguridad alimentaria y nutricional sumó poco más de Q63 mil millones, según información recopilada por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
De acuerdo con los cálculos más recientes, el 46.5 por ciento —uno de cada dos— de los menores de 5 años sufre de desnutrición crónica, padecimiento que tiene que ver primordialmente con las escasas posibilidades de desarrollo y precarias condiciones de vida.
En el 2001, la administración del presidente Alfonso Portillo lanzó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual estimaba que 850 mil niños padecían desnutrición crónica.
Dentro de los objetivos que se trazaron en ese entonces estaban, asegurar la disponibilidad de alimentos y el acceso a la población para garantizar su desarrollo humano, mejorar las condiciones económicas y ambientales, y reducir la malnutrición principalmente de las “poblaciones postergadas”, sobre todo niños, niñas y mujeres embarazadas.
En el 2004, el presidente Óscar Berger lanzó el documento llamado Lineamientos de Gobierno 2004-2008, un plan de 55 páginas en el que se hablaba por primera vez de priorizar municipios, de hecho, el apartado de Nutrición mencionaba la focalización de escuelas de los 102 más pobres para implementar un programa que vigilaría el peso y talla de los menores, se les dotaría de micronutrientes y se les formaría en prácticas de higiene.
De esa forma en el 2006 se lanza el Programa para la Reducción de la Desnutrición Crónica, cuyo fin era “romper el círculo intergeneracional de la desnutrición crónica en el cual se encuentra inmersa la mitad de la población guatemalteca” y reducir a la mitad para el 2016 la prevalencia de ese mal; además, calificaba a casi todos los municipios de Huehuetenango con tasas elevadas de hasta el 89% del padecimiento.
Programas sociales
Con la llegada de Álvaro Colom al Gobierno se creó el Consejo de Cohesión Social que a su vez puso en marcha el programa Mi Familia Progresa que consistía en la entrega de Q300 a las familias con la condición de que enviaran a sus hijos a la escuela y a chequeos médicos.
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)
El programa priorizó de nuevo a los municipios más pobres, en principio fueron 45, luego 89 hasta llegar a 116. Supuestamente el gobierno abarcó más de 300 municipios al finalizar esa administración.
Pacto Hambre Cero
En el 2012 ya con Otto Pérez Molina como presidente, el Gobierno echó a andar el Pacto Hambre Cero, con los mismos objetivos que los anteriores. Este pretendía reducir la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales al final de esa gestión gubernamental.
El programa era el plan estrella de la vicepresidenta Roxana Baldetti —hoy en prisión sindicada de varios casos de corrupción—, quien incluso, al igual que Pérez Molina, viajó a lugares lejanos de la ruralidad del país para convivir con las familias pobres y conocer de primera mano sus necesidades.
El Pacto priorizó para la atención a 166 municipios, entre ellos, desde luego, San Mateo Ixtatán, que para ese entonces mantenía una prevalencia de desnutrición del 79.7% de menores de cinco años; es decir, ocho de cada 10 niños menores de 5 años.
Otra estrategia
En el 2016 el Gobierno del presidente Jimmy Morales hizo el lanzamiento de la Estrategia para la Prevención de la Desnutrición Crónica.
Este plan priorizaría en una primera etapa a la totalidad de municipios de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Chiquimula —82 municipios—. En una segunda fase se incluirían 57 más, todos los de San Marcos, Totonicapán y Sololá.
Aunque la meta era ambiciosa puesto que pretendía reducir la prevalencia de la desnutrición crónica 10 puntos porcentuales para el 2019, para este año apenas se reunió por primera vez la Comisión Presidencial que echaría a andar Estrategia.
El año terminó y con ello el mandato de Jimmy Morales, sin que se conociera si hubo alguna reducción de los índices; por el contrario, según organizaciones no gubernamentales esta se incrementó en algunas regiones.
- Los 30 municipios con mayor índice de desnutrición crónica
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Municipio Departamento Prevalencia San Mateo Ixtatán Huehuetenango 78.5% San Juan Atitán Huehuetenango 76.9% San Rafael la Independencia Huehuetenango 74% Concepción Tutuapa San Marcos 72.7% Santa María Chiquimula Huehuetenango 72.7% Colotenango Huehuetenango 72.2% Chajul Quiché 72% Santa Eulalia Huehuetenango 71.5% Comitancillo San Marcos 70.5% Patzité Quiché 69.7% Santa Lucía la Reforma Totonicapán 69.7% San Juan Cotzal Quiché 69.1% Santa Apolonia Chimaltenango 68.7% Santa Bárbara Hue 67.8% Jocotán Chiquimula 67% Cunén Quiché 66.3% San Sebastián Huehuetenango Huehuetenango 66.2% Olopa Chiquimula 65.7% San Gaspar Ixil 65.4% Barillas Huehuetenango 64.5% Momostenango Totonicapán 64.5% San Sebastián Coatán Huehuetenango 64% Concepción Sololá 63.6% San Juan Ixcoy Huehuetenango 63.3% Santiago Chimaltenango Huehuetenango 63.1% Chichicastenango Quiché 62.4% Nebaj Quiché 61.9% San Pedro Jocopilas Quiché 61.9% Tecpán Guatemala Chimaltenango 61.% San Cristóbal Verapaz Alta Verapaz 60.7% - Fuente: Sistema de información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Por ejemplo, un estudio de la organización internacional Oxfam, llevado a cabo del 2016 al 2019 en siete municipios de Baja Verapaz y Chiquimula alerta de que la desnutrición crónica aumentó en un 6.9%.
De esa forma, pese a los esfuerzos y al aumento de la institucionalidad, puesto que desde hace 20 años se han creado diversas instituciones e incluso un ministerio (el de Desarrollo Social) para combatir la desnutrición crónica, pareciera que el problema no tiene solución, al punto que para el 2018, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), Guatemala encabezaba la lista de América Latina con mayor cantidad de menores de cinco años en esa condición.
Según ese organismo, que recopila información oficial de los países, detrás de Guatemala (46.5%), en el ranquin de desnutrición crónica de América Latina, le siguen, Ecuador (25.3%), Honduras (22.6), Panamá (19.1%), Nicaragua (17.3%), Bolivia (16%), Perú (14.6%), El Salvador (13.6%), Colombia (13.2%), México (12.4%), Argentina (8.2%) y República Dominicana (7.1%).
Cruzada Nacional
El 2020 no fue la excepción. A finales de enero, San Mateo Ixtatán fue incluido en el acuerdo firmado entre diputados del Frente Parlamentario contra el Hambre y varias instituciones de gobierno para intentar disminuir —otra vez— los niveles de desnutrición crónica en menores de cinco años.
El plan se propone una reducción del padecimiento de entre dos y cuatro por ciento por año en 113 municipios. En su discurso de toma de posesión, el presidente Alejandro Giammattei calificó la desnutrición crónica como “el gran fracaso de nuestro país”, días después anunció un fondo de entre Q200 millones y Q300 millones para financiar lo que bautizó como la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.
¿Pero qué garantiza que este nuevo intento por reducir la tasa de desnutrición crónica, considerada vergonzosa por múltiples sectores de la sociedad, pueda ser una realidad?
Para el especialista en desarrollo rural y excatedrático universitario Adrián Zapata, el buen desarrollo del nuevo plan del Gobierno dependerá de que el abordaje de la desnutrición crónica sea multisectorial y que se aborde no solo como un problema de salud, sino también de desarrollo rural.
Por ejemplo, agregó el experto, es importante que el plan propicie la generación de empleos y el apoyo a actividades productivas como a la agricultura familiar y a la micro y mediana empresa, sobre todo del área rural donde el fenómeno de la desnutrición crónica “es más dramático”.
Además, el proyecto también debe tomar en cuenta recursos para proyectos productivos, caminos rurales, educación y salud, añadió Zapata.
Aunque reconoce que “hay razones para no creer” en este nuevo proyecto, debido a las promesas incumplidas de gobiernos anteriores, Zapata destacó que el presidente Giammattei haya asumido la lucha contra la desnutrición crónica como una emergencia nacional.
“Con estas tasas de desnutrición crónica no hay país que se pueda desarrollar, —combatirla— es una urgencia nacional”, aseveró Zapata, quien espera que exista una orientación que articule el plan, porque si no “se quedará en puro discurso político”.
Coordinación
Para Jonathan Menkos, director ejecutivo de Icefi, cualquier plan que busque reducir la desnutrición crónica debe ser integral e implementar medidas en el corto, mediano y largo plazo, hasta los 10 años.
“El éxito estribará en la priorización de la lucha contra la desnutrición en la gestión de la administración pública, en una óptima articulación de programas y políticas públicas, en la evaluación constante y rigurosa de los avances y desafíos del plan, y en una mejora ostensible del presupuesto destinado a su combate”, subrayó Menkos.
Coincidió en que no debe verse al problema como algo exclusivo de salud puesto que también es el resultado de tanto de la pobreza en la que viven los hogares donde habitan los niños, como a la exclusión en el acceso a servicios de educación, protección social y salud.
Menkos precisó que es clave la coordinación entre instituciones, ya que en el pasado se han adoptado medidas como las transferencias monetarias condicionadas, así como programas de vacunación y agua, pero han sido esfuerzos aislados.
Recursos
Sin embargo, considera el analista de Icefi, otro factor clave para alcanzar las metas del plan es contar con una buena asignación de presupuesto acompañado de una adecuada gestión de los recursos. Los fondos para el plan no deberían ser menos del 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB), en el primer año, hasta llegar al 1.8% en el año 10 de la implementación.
“En 2010 el gasto en seguridad alimentaria y nutricional equivalió a casi el 1.8% del PIB, mientras en 2015, representó menos del 1.0%. Esa volatilidad en las asignaciones presupuestarias hace imposible el éxito de cualquier plan”, expuso Menkos.
La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional no respondió a una solicitud de comentarios que Prensa Libre le hizo.
A través de su unidad de Comunicación se limitó a indicar que “nuestras autoridades se encuentran en reuniones para definir las líneas de acción que se llevarán a cabo en la presente administración, por lo que no ha sido posible atender a su solicitud”.
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