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Cabrera, quien fue presidente del Congreso en 1986, afirmó que durante los años que fue diputado, la primera legislatura de la nueva era democrática, ninguno de los parlamentarios tuvo gastos de teléfonos, asesores, mucho menos de seguro de vida. “Solo recibíamos nuestro salario y todo funcionaba bien porque nosotros entendíamos que estábamos prestando un servicio al país”.
En cuanto a si se deben efectuar algunas reformas legales para regular los gastos de los parlamentarios, Cabrera dijo que “bastaría con observar en esos términos el comportamiento de los diputados de los países europeos, especialmente los nórdicos y de volver a retomar del valor de lo que implica ser un servidor de la nación y no servirse de ella”.
La jefa de bancada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Vicenta Jerónimo, envió una carta al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, donde solicitó que en esa instancia se programe para las 14 horas y no a las 12 como está establecido, con el objetivo de que los diputados que participan lleguen almorzados y así el Congreso no tenga que pagar por ese tiempo de alimentación.
Al mismo tiempo los diputados del bloque Victoria, Juan Carlos y Manuel Rivera, renunciaron al seguro de gastos médico y a la vez promueven que los diputados y funcionarios públicos no sean beneficiados con este privilegio. “El Estado de Guatemala gastó Q124 millones en el 2019 en pago de dichos seguros privados, por lo que presentamos una iniciativa de ley que busca anular ese gasto y que ese monto sea trasladado al Ministerio de Salud” expresaron los diputados.
Buen momento para abolir privilegios
El exdiputado Aníbal García afirmó que la discusión que despertaron estos hechos propicia “el mejor momento para discutir la abolición de todo este tipo de privilegios, en el cual se puede incluir la revisión, a profundidad, de todo el sistema de contratación de personal del Congreso, entre ellos, los asesores, asistentes y ujieres, porque una parte no llegan a trabajar y en muchos casos los diputados le quitan parte de su salario a sus propios trabajadores”.
García expuso que, en pocas palabras, lo que se está poniendo sobre la mesa de discusión es el sistema de privilegios, que también incluye viáticos y viajes al exterior, lo cual no debería despertar molestias a los congresistas, sino que “por el contrario deberían de tomar consciencia que la situación no puede seguir así, y por lo tanto debe abordarse para ordenar el Legislativo porque es un arca abierta por donde ha pasado de todo”.
García aseguró que no se puede negar que el Congreso de la República siempre se ha auto recetado “grandes beneficios, prebendas y granjerías que dependen del poder político que las bancadas tengan porque de esto se deriva su influencia y capacidad de lograr beneficios. También la Junta Directiva”.
Un diputado tiene un salario de Q29 mil 150, seguro médico y de vida, celular, dietas, gastos rotativos y personal a su disposición, beneficios que podrían superar los Q50 mil, pagados con fondos del Congreso.
Según García para lograr estos objetivos no es necesario efectuar reformas a alguna ley, sino que llegar a acuerdos políticos porque el tema es eminentemente de altura y de ética política. “Se han hecho por lo menos tres reformas a la Ley del Organismo Legislativo incluido un intento de reestructuración interna cuando Taracena era presidente y las cosas aunque han cambiado un poco, siguen parecidas, entonces es cuestión de voluntad política”.
Un mensaje positivo
El exdiputado Francisco Contreras consideró que el hecho de que algunos diputados hayan renunciado a algunos privilegios “es un mensaje positivo pues evidencia austeridad y consciencia” con el manejo de estos fondos pues son recursos del Estado que se tienen que utilizar de la mejor manera. “Se deben reducir todos aquellos gastos discrecionales”.
Según Contreras, quien en la actualidad es vicepresidente de Primero Guatemala, lo que han anunciado estos diputados, incluido el presidente del Congreso Allan Rodríguez, va en la misma línea de lo que ha expresado el presidente de la República, Alejandro Giammattei, quien ha dado mensajes de austeridad”.
“El Congreso no se escapa de ciertos retos que tenemos en todas las instituciones del Estado donde han existido plazas fantasma e incrementos de salarios, inclusive, de personas que se pagan por tiempos y no por resultados. Al final la población es quien los va a juzgar”, aseguró Contreras.
A raíz de estas acciones, según Contreras, uno de los grandes roles del Congreso es empujar la Ley de Servicio Civil que aporte no solo al Legislativo, sino también a todas las instituciones del Estado. “Esperaría que este mensaje genere iniciativas de alto impacto como la Ley de Servicio Civil que premie y reconozca el trabajo de aquellos profesionales de carrera y no sea por favores políticos y plazas fantasma”.
Nosotros los elegimos
El exconstituyente Aquiles Faillace dijo que en todas partes del mundo los senadores, parlamentarios y congresistas tienen derecho a comidas y asesores, porque representan en forma directa al pueblo y su calidad es de dignatarios de la nación. “No nos podrán caer bien, serán parte del pacto de corruptos y aprovechados, pero los elegimos nosotros”.
En cuanto a las demás prebendas, como el seguro médico y las plazas fantasma, Faillace dijo que eso sí es criticable. “Los congresistas deberían hacer uso de los servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) como cualquier guatemalteco”.
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