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Ante las declaraciones de Villavicencio, los delegados del Ministerio Público cuestionaron si conocía a las personas que lo intimidaron y aseguró que uno de ellos se identificó como César del Rincón, quien trabajaba para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Esta persona le habría dicho que “armaban un caso donde estarían involucrados cuatro ministros”.
“El objeto era hacer un caso, me dijo que estaban implicados cuatro cuatro ministros, el primero Ludwin Ovalle, luego yo, en el caso del Lucrecia Hernández Mack me dijo que no porque pertenecía al equipo, y también involucrarían al exministro Carlos Enrique Soto, me dijo que iba ser un caso de impacto a nivel nacional porque el objetivo era botar el gobierno de Jimmy Morales y asegurar la permanencia de la Cicig”, declaró.
Agregó: “Me pidieron un millón pero no acepte porque es una ilegalidad, él pensó que lo había grabado porque en mi oficina tenía una caja de madera, les enseñé que solo tenía unos libros, cuando salieron de mi consultorio se encendió la televisión y salieron huyendo”.
Sin cámaras
Peritos del MP cuestionaron a Villavicencio si tenía asistente y si hay cámaras de seguridad, aunque dijo que en esa ocasión no se encontraba la secretaria y aunque sí hubo testigos que estaban en la sala general donde hay más clínicas, no tienen cámaras de seguridad, también mencionó que acudió ante un médico para contarle lo sucedido.
Villavicencio deberá permanecer en prisión hasta que la juez Erika Aifán emita una resolución el 14 de febrero próximo, en la cual dirá si Villavicencio y su hija quedan ligados a proceso o recuperan su libertad.
Ambos son señalados de dirigir una estructura que efectuaba cobros de sobornos por Q53 millones por proyectos de remoción y reparación de hospitales durante el estado de calamidad por el terremoto en San Marcos.
Villavicencio Álvarez se presentó a la Torre de Tribunales el 2 de diciembre de 2019 desde donde se giró la orden de captura por dicho caso de corrupción.
También se presentó al juzgado la hija del exfuncionario, Cándida Saraí Villavicencio Delgado, quien es señalada de ser la operadora en esta estructura denominada.
El MP los señala por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, entre otros delitos contra la administración pública.
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