LE PUEDE INTERESAR
Para diciembre del 2019, la CPD había registrados dos mil 574 conflictos sociales, el 67 por ciento debido a problemas agrarios y otro 17 por ciento, por la utilización de recursos naturales. El 16 por ciento restante se divide en inconformidades por energía eléctrica, derechos cívicos, políticos y sociales y políticas públicas.
Además, el registro indica que en nueve departamentos se concentra el 81 por ciento de los conflictos: Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché, Petén, Izabal, Guatemala, Baja Verapaz, Quetzaltenango y San Marcos.
En los análisis de la comisión también se hace una relación entre la pobreza y vulnerabilidad y el alto riesgo de conflictividad social; así, se determinó que hay riesgo en 12 municipios de Alta Verapaz, tres de Chiquimula, 10 de Huehuetenango, cinco de Quiché, dos de Totonicapán y uno en Baja Verapaz, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, San Marcos y Zacapa.
En el 2019, del total de conflictos se registraron 492 procesos, de los cuales 164 fueron por conflictos agrarios; después, otros 148 por inconformidades a las políticas públicas en educación, salud, vivienda e infraestructura y 81 se atendieron con relación a la distribución, transporte y generación de energía eléctrica.
Según los registros, de esos 492 procesos de diálogo, 104 (21%) fueron en municipios que están por debajo del promedio del índice de desarrollo nacional e incluso están en números negativos y se consideran en extrema pobreza. Otros 201 procesos (40%) están en municipios considerados pobres debido a la carencia de servicios básicos y que también están debajo del índice nacional.
Lea también: Comisión Presidencial de Diálogo identifica 46 conflictos sociales en Retalhuleu
La política, que ya fue revisada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, debe recibir un dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación y luego ser enviada a la Secretaría General de la Presidencia, donde, con la firma del presidente Alejandro Giammattei, se podrá implementar.
Uno de los principales cambios que promueve la política es que las instituciones del Estado atiendan las necesidades de la población que se siente afectada y vulnerable, para ello, será necesaria la instalación de una oficina de prevención y atención de la conflictividad en cada edificio estatal.
“El conflicto social se define como un malestar de la población o un sector de la población ante una necesidad sentida, pero no satisfecha, lo que quiere decir que el ente del Estado que lo debe resolver, o los ignora o no los escucha o lo retarda”, explicó Jesús Gómez, asesor en diálogo y atención de conflictos sociales de la CPD.
Además, la iniciativa de ley que se trabaja y que pronto será enviada también a la Presidencia para que se presente al Congreso, busca crear los mecanismos para que haya un compromiso y obligación de cumplirlo, de parte de las entidades gubernamentales.
Con la política también se busca ampliar el trabajo de prevención que ya se hace en 13 departamentos y que incluye la participación de los gobernadores departamentales y Consejos Departamentales de Desarrollo. El objetivo es que el trabajo de prevención y de atención temprana evitará que todos los conflictos sociales se centralicen en la capital.
Lo que se promueve es que los conflictos sociales se detecten antes de que causen una reacción. “La población, al no ser escuchada y no ser atendida reacciona con violencia, porque es la única forma que, infortunadamente en Guatemala, es como el Estado vuelve a ver”, reitera Gómez.
La política se discutió durante dos años -2018 y 2019- y tuvo el acompañamiento técnico y financiero del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Para construirla se convocó a representantes de todos los sectores que tienen relación con los conflictos sociales y con la solución de estos, así se logró tener la participación de grupos de jóvenes a través del Consejo Nacional de la Juventud; de mujeres, a través de las oficinas municipales de la mujer; del sector académico, a través de los rectores de todas las universidades del país; representantes de los pueblos indígenas y garífuna; participación del Ejército y de la Policía Nacional Civil y del sector empresarial.
Poca importancia
Cuando comenzó el trabajo la instancia de diálogo para resolver conflictos, también se reflejó la poca importancia que los funcionarios ponen al tema y así lo confirmó el excomisionado Rokael Cardona, quien fue el primer nombrado y quien dio vida a esa instancia.
Lea también: Sectores están dispuestos a formar Consejo de Estado propuesto por Giammattei
Cardona explicó que es necesario definir el compromiso de las instituciones y criterios para garantizar que los conflictos se resuelvan priorizando el bien común y no intereses privados.
“Había ministros que no asistían -a las reuniones-, por eso debe haber compromiso de los actores para que se logre que la conflictividad disminuya, pues hay muchos casos que están estancados”, señaló.
Para prevenir los conflictos se requieren recursos financieros específicos en todos los ámbitos, dice el comisionado: en el nacional, en las municipalidades y en los consejos de desarrollo.
Convocará a diálogo nacional
El presidente Alejandro Giammattei afirmó que la CPD será reformada para dividir su trabajo en dos procesos importantes, continuar con la mediación de conflictos a través del diálogo y convocar a un gran diálogo nacional a través del Consejo de Estado, una propuesta de su plan de gobierno y que anunció sería creado a través del Acuerdo Gubernativo 3-2020.
Giammattei había anunciado que dicho consejo estaría conformado por representantes de todos los sectores del país quienes, además de acordar soluciones a problemas nacionales, estarían encargados de nombrar a tres guatemaltecos notables para que dirijan una nueva comisión contra la corrupción, la cual entró en vigor el 22 de enero.
Sin embargo, hasta el viernes 31 de enero, los encargados de la comisión de diálogo todavía no tenían información sobre las reformas que se aplicarán a esta entidad y no habían podido conversar en persona con el presidente. Así lo confirmó también el comisionado Sergio Flores.
Aunque la intención es buena, no debería ser la CPD quien se encargue de convocar al Consejo, asegura el excomisionado de Diálogo Miguel Ángel Balcárcel. El exfuncionario explica que hay diferencia entre el diálogo social y la atención preventiva de la conflictividad.
“El diálogo político es distinto y la conflictividad social requiere acciones diferentes: capacidad de respuesta, acciones del Ejecutivo, para resolver conflictos de forma pacífica”, señala.
Para Balcárcel, el consejo propuesto por el presidente tiene antecedentes como los diálogos para el proceso de Paz y cuando se construyó una agenda nacional compartida.
Cardona considera que la propuesta de reformar la CPD es buena en la medida en que se pueda resolver un conflicto, pero que el consejo haga modificaciones de fondo para que el mismo no se vuelva a repetir. “Es una oportunidad para impulsar proyectos de desarrollo integrales, no solo un acuerdo entre las partes”, dijo el exfuncionario.
Contenido relacionado
Instalan Comisión Presidencial para atender conflictos sociales
Confrontación, revanchismo, interpelaciones y escaso diálogo caracterizaron trabajo del Congreso
Presidente Giammattei señala avances en temas de corrupción e integración regional
