Es propiedad de la entidad Proyecto de Desarrollo Integral Pontila, S. A. la cual logró la autorización definitiva para usar los bienes de dominio público para instalar la generadora en la Aldea Rocja Pontila que se ubica en el municipio de Cobán, Alta Verapaz.
El plazo es de 50 años, según el documento del MEM publicado el 27 de enero del 2020 en el Diario de Centro América.
Establece que dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación de dicho acuerdo, el MEM y la sociedad deberán suscribir el contrato correspondiente, de no hacerlo en el período en mención el acuerdo caducará.
Entre otras obligaciones dentro de 20 días después de firmado el contrato la sociedad debe constituir el seguro de caución por US$300 mil.
¿Qué hará la nueva administración?
El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel indicó que al asumir la cartera encontraron el Acuerdo Ministerial 019-2020 con el que se autoriza el proyecto hidroeléctrico en mención y que con ese documento el trámite del expediente fue finalizado durante la administración pasada.
La administración actual, a su cargo, examinó de forma exhaustiva lo actuado dentro del expediente administrativo y encontró que en este consta la aprobación del MARN para dicho proyecto, agregó en su respuesta brindada por medio de la oficina de comunicación social.
Además, expuso que encontraron las evidencias de que el Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM llevó a cabo el proceso de consultas con las comunidades del área de influencia.
Por ello, tomando en cuenta el estado del expediente y en cumplimiento de la Ley General de Electricidad y su reglamento, el MEM “habrá de autorizar el contrato respectivo” siempre y cuando la entidad propietaria del proyecto hidroeléctrico cumpla con todos los compromisos adquiridos según esa resolución y el acuerdo ministerial correspondiente, se añade en la respuesta.
Cuestionamientos y defensa del proyecto
Cuestionamiento ambiental
La empresa Proyecto de Desarrollo Integral Central Rocja Pontilá S.A. presentó solicitud del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 2013.
- Las autoridades de ese entonces del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la Escuela de Biología de la Universidad San Carlos (Usac) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab) opinaron, luego de analizar el EIA que el proyecto pone en riesgo el ecosistema del Parque Nacional Laguna Lachuá, ubicado en Alta Verapaz.
- La empresa debió presentar en varias ocasiones dicho estudio y le fue aprobado en noviembre del 2016, en ese entonces el viceministro del MARN era Alfonso Alonzo.
- El Estado declaró como un área protegida dicho Parque Nacional y su área de influencia que incluye el río Icbolay. Fue aceptado en mayo del 2006 como un humedal de importancia ante la Convención Internacional Ramsar, habiendo sido aceptada el 24 de mayo de 2006.
- En junio del 2017 la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró la suspensión provisional la licencia ambiental.
La empresa defiende su postura en el sitio electrónico
Se consultó a la empresa, por medio de los contactos registrados de la oficina de Fedeagro y por medio del sitio electrónico del proyecto, acerca de la autorización del MEM, sin embargo, no respondieron a la solicitud.
- En la página www.centralrocjapontila.com se informa que el proyecto se ubica “completamente en tierras privadas de la Finca Rocja Pontila”. Se agrega que utilizará aguas del río Icbolay, afluente del río Chixoy, y cuyo cauce ya es utilizado por otras Hidroeléctricas.
- Añaden que el cauce de 11 kilómetros intervenido del río Icbolay, pasa sobre la finca Pontila y un pequeño tramo de 0.3 kilómetros en tierras de la Comunidad Mansión del Norte y que ambas comunidades están de acuerdo con que se efectué el proyecto.
- Además, se refiere en ese sitio electrónico que el proyecto “está completamente fuera de áreas protegidas” y que la Laguna de Lachuá está a una distancia de 12 kilómetros del proyecto, “este no toca área protegida” y que el río Icbolay no entra al parque, tampoco es afluente de la Laguna”.
Seguirá proyecto geotérmico
Además, con el acuerdo 398-2019 dicho ministerio aprobó la modificación de la cláusula cuarta del contrato de autorización definitiva para utilizar bienes de dominio público para la instalación de Centrales Generadores Geotérmicas, fechado el 11 de enero del 2016, de la entidad Geotermina Oriental de Guatemala, S. A.
La modificación se debe a que el 26 de diciembre del 2019 el MEM determinó que la entidad subsanó un incumplimiento contractual en el cual había incurrido referente a los plazos establecidos para la finalización de la obra y el inicio de operación comercial de la generadora denominada Cerro Blanco.
Respecto a este proyecto, el ministro de Energía respondió que el expediente también completó durante la administración anterior. Luego de revisarlo se determinó que la resolución del mismo se trata sobre la prórroga del contrato de autorización de uso de bienes de dominio público, aprobado con acuerdo del 26 de diciembre de 2019, indicó.
Además, se evaluó que se aprobó con los trámites que establece la ley y que el expediente se encuentra completo por lo que “corresponde otorgar la escritura de prórroga del contrato en caso la propietaria del proyecto cumpla con los puntos de la resolución ministerial que autorizó la misma”.
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