Esta semana inició formalmente el juicio político contra Donald Trump en el Senado de Estados Unidos. A pesar de la trascendencia —es el tercero que se hace en casi 250 años—, no creo que el impeachment vaya a pasar a más, aunque seguramente sí va a tener muchas consecuencias, pero no legales, sino en las urnas.

De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, cuando el presidente es sospechoso de haber cometido delitos graves, la Cámara de Representantes tiene la competencia de procesarlo y, en su caso, plantear una acusación formal en su contra. Esta imputación es lo que se conoce como impeachment y se plantea ante el Senado, el que tiene la competencia para juzgar al mandatario y, si lo encuentra culpable, revocar su mandato.

El presidente enfrenta dos artículos de impeachment. El primero lo acusa de haber buscado colaboración del gobierno de Ucrania para ayudarle a ser reelegido en los comicios presidenciales de noviembre próximo. Se alega que retuvo millones de dólares de ayuda militar a ese país y que, a cambio, Trump quería que anunciaran públicamente una investigación sobre Joe Biden, precandidato presidencial demócrata, y su hijo Hunter.

En segundo lugar, después de que la Casa Blanca se negó a permitir que funcionarios testificaran en las primeras audiencias, el año pasado, los demócratas acusaron a Trump de obstruir al Congreso.

Después de que la Cámara presentara la acusación al Senado, los senadores quedan en sesión permanente —excepto los domingos— hasta que tomen una decisión final. Los miembros de la Cámara de Representantes sirven como “directores” en el juicio del Senado. Los directores cumplen una función similar a la de los fiscales en un juicio penal, presentando evidencia durante el procedimiento. El presidente nombra a un abogado para representarlo en el proceso ante el Senado. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos preside el juicio.

Luego de escuchar los argumentos, los senadores votan para decidir la suerte del presidente. Se necesita un voto de dos tercios del Senado para condenarlo. Si el presidente es declarado culpable, es destituido de su cargo y el vicepresidente toma juramento como presidente. Tomando en cuenta que los demócratas tienen 47 senadores y se necesitan 67 que voten contra Trump para destituirlo, las posibilidades de que eso suceda son casi nulas. Ante eso, la pregunta es: ¿por qué la insistencia de los demócratas?

La respuesta más probable es que lo hacen con la esperanza de que los ataques contra Trump lo debiliten ante los votantes y logren con ello ganarle la elección en noviembre. Un segundo objetivo sería utilizar la discusión, pero especialmente la votación de los senadores, para atacarlos en la campaña y lograr que suficientes senadores republicanos pierdan la elección para retomar el control del Senado —actualmente está 53/47—. Si uno fuera maquiavélico, hasta podría pensar que un objetivo adicional era distraer a los senadores demócratas en contienda por la presidencia en la época crucial de las primarias, para dejarle el camino libre a Joe Biden para la nominación, pero los políticos no son así de pura lata, ¿verdad?

Considero que Trump no va a ser destituido, tiene muchas posibilidades de ser reelecto y, al final, la estrategia de los demócratas se les puede revertir, con lo que no lograrán el control del Senado y hasta podrían perder el control de la Cámara Baja. Lo que sí le puedo garantizar es que este año será interesantísimo en la política estadounidense. Y, por si alguien pregunta, sí nos afectan aquí los conflictos que se dan en el país del norte.