Frente al total de gastos anuales del Estado podría parecer poca la erogación de Q1.7 millones en indemnizaciones para destituir a 12 funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que fueron nombrados a última hora y sin contar con las calidades profesionales necesarias, a la sombra de un dudoso acuerdo ministerial, ya derogado, pero cuya temporalidad, conflicto de interés y cláusulas lesivas podrían ser examinadas legalmente para verificar si entrañan algún acto delictivo y así deducir responsabilidades civiles o penales contra sus beneficiarios o firmantes, puesto que esos Q1.7 millones bien podrían servir para mejorar una escuela, adquirir equipo hospitalario o desarrollar algún proyecto comunitario.

De hecho, el ministro Pedro Brolo declaró que existen más plazas otorgadas por el gobierno anterior con criterios de afinidad y no de idoneidad, pero que debido a costos legales aún no son rescindidas. Lo importante es que se haya comenzado la depuración del cuerpo diplomático, un proceso que necesita a su vez la recuperación del personal de carrera que fue dado de baja injustificadamente para hacerles lugar a los allegados.

Cabe esperar que en otros ministerios y dependencias del Ejecutivo se desarrolle una revisión exhaustiva de puestos, costos y calidad de desempeño. No debe ser una cacería de opositores, sino una evaluación responsable, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de ese organismo. Se trata de una oportunidad que también tuvo el anterior gobierno pero que no se aprovechó. Un buen ejemplo de tal inconsistencia fue el anuncio de un censo de burócratas que se fue dejando de lado y cuyos resultados llegaron en el epílogo, cuando ya los hechos habían evidenciado las incoherencias.

Para cimentar la transformación del Estado es recomendable que el Gobierno plantee lo antes posible una nueva ley de contratación de trabajadores gubernamentales, temporales o permanentes. Una reforma no basta, puesto que la normativa vigente data de hace medio siglo y ya ha sido objeto de modificaciones, las cuales son insuficientes para atajar problemas como los nombramientos antojadizos, las contrataciones por clientelismo político o la existencia de plazas fantasma. La Oficina Nacional de Servicio Civil debería constituir un ente semiautónomo, apolítico y abierto a la auditoría ciudadana.

Hay más de 10 propuestas de ley de Servicio Civil que permanecen engavetadas en el Congreso de la República, precisamente porque este organismo ha sido uno de los bastiones del nefasto intercambio de favores por plazas en el Estado. A pesar de la depuración del Legislativo dictada por el voto de los guatemaltecos, aún quedan representantes de este tipo de negociaciones opacas que se pondrán en evidencia al oponerse a toda iniciativa seria de transformación legal en el sistema de reclutamiento y contratación de talento humano para las dependencias públicas.

Es previsible también que el lanzamiento de una nueva ley de Servicio Civil acarree las protestas de grupos enquistados en los tres poderes, interesados en medrar a costa del erario y en mantener privilegios desfasados. Ciertamente se deben respetar los derechos laborales, pero sin menoscabar los intereses de los ciudadanos que aportan los recursos para pagar sus remuneraciones mensuales, las cuales han llegado a ser desvirtuadas mediante la inclusión de descomunales bonos, derecho a uso de vehículos oficiales, combustible e incluso días de ocio, en una total tergiversación de la razón de ser de un empleo público.