Esta semana empezará el trabajo efectivo de la novena legislatura del Congreso de la República y la fiscalización ciudadana debe poner parte de su atención a los primeros pasos que dará un organismo Legislativo integrado por 160 diputados, de los cuales 110 son nuevos, agrupados en 19 bancadas, y de los cuales desde ya se demandan acciones que en verdad sean de beneficio para Guatemala.

El nuevo Congreso debe lidiar, para empezar, con el sinsabor que deja la legislatura pasada, que básicamente se dedicó a velar por intereses sectoriales, a pronunciar patéticos discursos en el Hemiciclo y, sobre todo, a trabajar por intereses personales enfocados en ganar impunidad y obtener recursos del erario mediante trampas y chantajes.

El Congreso, pese a ser una de las piezas fundamentales de la vida política, económica y social del país, porque de ahí se derivan las leyes que nos rigen, es la institución más desprestigiada del país y los diputados son los servidores públicos que menos confianza les transmiten a los guatemaltecos, lo cual solo puede revertirse con acciones alejadas del espectáculo político y con una la legislación que coadyuve a que otras instituciones del Estado, y sobre todo el nuevo gobierno, inicien con buen pie su gestión, siempre que se trate de asuntos alineados a atender las verdaderas prioridades nacionales.

Una de las prioridades que los legisladores deben atender en los próximos días será la ampliación presupuestaria por casi Q6 mil millones que solicitará la administración de Alejandro Giammattei con la justificación de no pasar penas financieras, pues dichos fondos servirían, en su mayoría, para cumplir con los cuestionados compromisos salariales a parte de los trabajadores de Salud, Educación y Gobernación que aprobó la gestión anterior.

Debido a que la legislatura pasada no aprobó el proyecto de presupuesto que requería el nuevo gobierno, las actuales autoridades deberán negociar o cumplir con los compromisos adquiridos por sus antecesores, pese a las dudas que rodearon las negociaciones de estos beneficios colectivos con líderes sindicales que, en la práctica, no contribuyen en mayor cosa a mejorar la atención en servicios básicos como la salud y la educación, y por lo cual es necesario regular este tipo de pactos.

Entre los puntos que se entrarán a debatir está el hecho de que la ampliación significa más endeudamiento, y en este caso para pagar compromisos políticos de la anterior administración, por lo cual, más allá de la viabilidad técnica, se pondrá en análisis el desgaste y la pérdida de caudal político.

Si bien la narrativa de la primera semana del Gobierno se centró en buena parte en desmarcarse de la cada vez más repudiada administración anterior, en el Congreso las cosas no parecen ser así, pues para alcanzar la junta directiva del Legislativo, el nuevo oficialismo estaba prácticamente en un callejón sin salida y debía elegir entre los representantes de la política tradicional y populista o aliarse, como ocurrió, con quienes durante los últimos tres años pactaron para legislar a su favor y según la urgencia de sus circunstancias.

Por eso, otro de los primeros retos de los legisladores, y sobre todo de los 110 nuevos, es recordar que fueron electos por ciudadanos que confiaron en ellos y alejarse de las viejas prácticas de negociación dentro del Parlamento y, sobre todo, separarse, aunque signifique ataques y desgaste, de los oscuros personajes que siguen incrustados en el Congreso, chantajeando, manipulando y desprestigiando más a uno de los poderes del Estado.