La construcción de democracias en Latinoamérica ha sido un largo proceso tras derribar gobiernos autoritarios, dictaduras y superar conflictos armados. Guatemala, como el resto de países en Latinoamérica, enfrenta retos políticos que requieren atención pronta. La ciudadanía no puede quedarse al margen de una discusión trascendental para una consolidación democrática.
Tenemos un gobierno que recién asume para el período 2020-2024, pero no por eso podemos dejar pasar el proceso electoral pasado sin hacer un profundo análisis del mismo y realmente prepararnos como país, como instituciones y como ciudadanos para procesos electorales futuros.
Luego de culminado el proceso electoral 2019, se instaló la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), instancia que tiene como objetivo evaluar el proceso finalizado y, de ser necesario, presentar propuestas de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La Comisión abrió un espacio para la presentación de propuestas de reforma, las cuales van desde lo normativo hasta lo institucional y procedimental.

Es posible que ya haya pasado la tormenta electoral del 2019, pero no puede venir la calma. Es más que necesario hacer un análisis del proceso de las Elecciones Generales del 2019 y del impacto que tuvo la reforma del 2016 a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Para principiar, es importante recalcar que la reforma se realizó en el 2016 y para mediados del 2018, dos años y medio después, dos unidades claves para el adecuado funcionamiento del proceso apenas habían sido conformadas: la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión y la Unidad Especializada de Fiscalización de Finanzas de Partidos Políticos. Asimismo, las distintas reformas electorales generaron un ambiente de incertidumbre sobre la aplicación de las normas del proselitismo y propaganda, dificultaron el proceso de apoyo financiero lícito a las organizaciones políticas, desincentivaron la participación de los medios de comunicación y crearon confusión general en la población sobre temas como el voto nulo y la implementación del voto en el extranjero.

Evidentemente no puede venir la calma porque existe una ardua labor por delante para el Tribunal Supremo Electoral, de manera que empecemos desde ya, y no un par de años después, a efectuar las correcciones de los elementos que fallaron en el 2019. Errores como los que ocurrieron en el sistema informático desencadenaron un cuestionamiento a los resultados y la legitimidad del proceso. Señores magistrados, esto no puede volver a pasar. Ciudadanos, no podemos dejar que nuestras próximas elecciones sean una tormenta. Exijamos que el legado de los actuales magistrados del TSE, quienes entregan el cargo en marzo próximo, sea una evaluación exhaustiva y objetiva del proceso electoral del 2019 y que el resultado de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral nos lleve a celebrar unas próximas elecciones sin incertidumbre, con reglas claras, con mayor difusión de las propuestas partidarias y un fomento de la participación ciudadana.

Interesémonos como ciudadanos responsables en la política y en los procesos que incidirán en la configuración de nuestro sistema electoral, elemento clave para mejorar la calidad democrática de nuestra Guatemala. Solamente lograremos ser fiscalizadores de cualquier proceso de reforma si no permitimos que la apatía, la desconfianza o la percepción de no sentirnos representados en el sistema nos ganen. Transformemos la apatía en entusiasmo, la desconfianza en aspiración de un mejor futuro y, sobre todo, seamos actores en la construcción de nuestra democracia.