Cuando esta columna salga publicada hoy martes 27 de noviembre, se habrá dado uno de dos escenarios que escribí el domingo pasado sobre el resultado de la audiencia del exministro de Gobernación Carlos Vielmann.

En el primer escenario, la juez Claudette Domínguez habrá dejado en libertad a Vielmann tomando como base que no puede haber doble persecución porque ya fue juzgado y absuelto en España por el mismo caso. También habrá evaluado, la falta de evidencia científica, la credibilidad de los testigos, y que las reuniones, y fuerzas de tareas para apresar a los fugados no pueden considerarse como supuestas estructuras paralelas en el ministerio de gobernación.

El segundo escenario es que la juez Domínguez sí le dé carácter probatorio a cada una de las acusaciones anteriormente descritas y ligue a proceso a Vielmann por los delitos señalados.

Este escenario, a mi juicio, destaparía como nunca los demonios de la polarización y la confrontación. Sería interpretado como una declaratoria de guerra al sector privado y una continuación de la misma narrativa que se ha venido utilizando para los casos “políticos”, de utilizar medias verdades para llevar a cabo una persecución selectiva empujada por instancias ideológicas espurias.

Ahora sería más grave porque se da dentro de una coyuntura totalmente politizada con una organización internacional en abierto desafío al gobierno que la invitó a operar bajo un acuerdo y un mandato perfectamente claro.

Nunca se hubiera pensado que después de la declaración de no grato y el anunciado cierre de la Comisión, ésta decidiera, —en vez de menguar paulatinamente sus operaciones iniciando la ordenada transición de transferencias— capturar al mismo empresario respetado del sector privado, que a instancias suyas estuvo litigando como principal acusador en las cortes españolas y de las cuales fue absuelto.

Esto confirmaría la percepción que los grupos afines a la demonización empresarial, siguen su libreto vocalizando las consabidas generalizaciones de siempre. Tomar como base a esa buena cantidad de pillos negociantes politiqueros clientelares que han existido desde los tiempos de la conquista. Pero cuidándose de no mencionar que entre ellos mismos hay muchos techos de cristal.

Es en ese contexto enfermizo y polarizado en donde nos movemos. Deviene de un cansancio abrumador compartido por la mayoría pensante después de la gestión de 12 años de una Comisión para combatir la impunidad y la corrupción investida con los poderes más grandes de la historia jurídica del país, absolutamente autónoma, sin rendición de cuentas y con escudos de protección e inmunidad de por vida para sus integrantes.

Una organización con tambores de resonancia nacionales e internacionales presumiendo de grandes logros hasta para merecer premios. Siempre en tarimas afines, y bajo las luces de patrocinadores ideológicamente coincidentes, que se “resisten” a admitir que la impunidad y la corrupción de nuestro país son efectos de causas sistémicas y estructurales por la carencia de políticas públicas para eliminarlas.

Nunca en los 12 años de su gestión en Guatemala las propusieron ni las cabildearon. Una realidad lamentable, porque la mayoría de guatemaltecos las hubiésemos apoyado hasta en la plaza, dado que siempre hemos estado cautivos del poder discrecional de los burócratas corruptos.

Hicieron lo contrario. Redujeron el problema a un guion simplista otorgándole al delito electoral toda el causal principal de la corrupción e impunidad en Guatemala con una declaración elemental: “Los financistas financian a los políticos para que cuando lleguen al poder les ayuden a esquilmar el erario público vía contratos etc.”

Iniciaron la persecución selectiva. Debido a la paranoia de visas suspendidas o amonestaciones, muchos jueces temen otorgar medidas sustitutivas o fallar de una manera diferente en los casos de interés para la Cicig.

Ojalá gane la paz…..

alfredkalt@gmail.com