A partir del próximo 5 de enero se inicia una nueva etapa en la política estadounidense, cuando una de las cámaras del Congreso pase a manos del Partido Demócrata, y ese reacomodo de fuerzas podría tener repercusiones en Guatemala en muy corto plazo, principalmente con acciones en contra de quienes han sido tolerantes con las prácticas corruptas, han abusado de sus cargos y claramente han debilitado la institucionalidad.

Coincidentemente, también el 9 de febrero se cumple el primer plazo para que el Departamento de Estado proporcione a ese nuevo Congreso la lista de funcionarios, particulares y otros, vinculados con casos de corrupción. Aunque ya se habla de que varios congresistas guatemaltecos podrían encabezar ese listado, esto es muy prematuro y habrá que esperar a ver sobre qué sectores se materializa la visión de la diplomacia estadounidense sobre la situación en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Ciertamente, como lo declaró recientemente la congresista demócrata de origen guatemalteco Norma Torres a Prensa Libre, ese es el primer paso en los esfuerzos por que Guatemala no retroceda a la situación imperante antes del 2015, cuando la justicia puso tras las rejas a varios funcionarios del anterior régimen, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La herramienta que faculta al Congreso de Estados Unidos a estrechar el círculo en torno a quienes favorecen la corrupción está incluida en la Ley Magnitsky, que se había aplicado hasta hace muy poco en casos concretos de violaciones a derechos humanos y que ahora, junto a una enmienda a una ley de defensa, obligarán a la burocracia de Washington a proporcionar una lista de los rostros más visibles.

Es también muy probable que esta primera aproximación sea más bien tibia y que esté dirigida a las caras más comprometidas con entorpecer cualquier esfuerzo por combatir la corrupción, y también podría ocurrir que algunos nombres se reserven para una etapa posterior, cuando muchos funcionarios de los actuales poderes abandonen sus cargos, como también es de esperar que reaccione la justicia guatemalteca.

Una de las facultades que tendrá el nuevo Congreso estadounidense es la posibilidad de citar a testigos de los tres países en los que se busca el fortalecimiento de la justicia. Esto quiere decir que podrían participar varios sectores en ofrecer sus particulares experiencias sobre cómo se libra una crucial batalla contra un flagelo responsable del subdesarrollo y de que los recursos públicos no lleguen a donde corresponde.

Tampoco se debe descartar que esas prácticas amenazan otras libertades y los congresistas estadounidenses podrían incluir también a quienes han sido víctimas de un acoso inmisericorde al apoyar a las instancias que combaten la corrupción, como es el caso de los medios de comunicación independientes, víctimas de una rivalidad entre una clase corrupta, sus defensores y quienes propugnan por cambios.

La limitación a la libre emisión del pensamiento es la mayor amenaza a cualquier posibilidad de fortalecer la democracia, porque sin libertad de prensa la sociedad queda a merced de los sátrapas, como ocurre en Venezuela y en Nicaragua.