Los clanes son grupos familiares caracterizadas por una tendencia exclusivista. Escocia ha sido históricamente una tierra de clanes, pero ahora el término de hecho ha ampliado su significado al referirse a agrupaciones integradas por personas con intereses, actividades o criterios similares. Puede entonces hablarse de clanes políticos al mencionar a los partidos, y en este caso también es posible calificar a las facciones dentro de estos —el área liberal, o el área conservadora— como clanes. En los países políticamente subdesarrollados, la falta de partidos políticos reales impide a los gobernantes emplear a los cuadros partidistas para ejercer el cargo. Se llama a cualquiera y como resultado surgen clanes caracterizados por sus incapacidades y por tener motivaciones malignas.

Guatemala es un buen ejemplo. La llegada a los puestos públicos tiene como motivación, en una abrumadora mayoría de casos, el enriquecimiento a cualquier nivel logrado a costa del gobierno o de los puestos y capacidad de poder de estos. La creación de clanes siniestros y descarados es prácticamente imposible evitar, y así surge una nueva forma de nepotismo (gobierno de los parientes) y se convierte en pillaje de los parientes, como forma de asegurar ese enriquecimiento por medio de cónyuges, hijos, tíos, sobrinos, hermanos, ya no solo unidos por la consanguinidad sino por efecto de matrimonios civiles, débiles porque pueden terminar en cualquier momento. Ello ha existido siempre, pero ahora ha aumentado de manera exponencial. Llega alguien a un puesto de cualquier nivel y el enriquecimiento es compartido por la familia.

Los clanes politiqueros en Guatemala están presentes en todos los niveles del gobierno, direcciones generales y, especialmente, en las municipalidades. Ha habido por lo menos un caso de una viuda con un dinero anunciado como pago por actividades no especificadas. Ocurre especialmente en las municipalidades situadas en los departamentos, pero también en la capital. Representan necesariamente una forma de corrupción. El colmo ha llegado con la integración a puestos públicos y la contratación de empresas y de servicios pertenecientes o relacionadas con integrantes del círculo de amiguitas íntimas de funcionarios, a veces “emparentados” por lazos cupidescos. De esto ha informado la prensa nacional y por ello expresarlo no es noticia nueva ni en manera alguna sorprendente.

En un gobierno cuya principal obligación moral y también beneficio político debe ser el combate abierto a la corrupción, este debe incluir el desmantelamiento de los clanes familiares politiqueros, aun en los casos de personas cercanas a él porque lo ayudaron en la campaña o porque han sido propuestos y aceptados por cualquier grupo económico o social. Hay una razón muy simple: no es posible considerar a alguien como la única persona capaz de ejercer un cargo, vender un servicio, etcétera, Puede ser la mejor o la más aceptable, pero no puede ser la única. Una enfermedad, una renuncia, pueden cambiar la situación. Este tipo de mezcla dentro de la política no puede justificarse e indefectiblemente lleva a aumentar el evidente descrédito de la política y de quienes la practican.

La importancia de este tema obliga a tener investigadores especiales, porque no siempre las relaciones son evidentes. Alejandro Giammattei tiene, sobre todo, responsabilidad consigo mismo y con quienes integran su círculo familiar propio. Al hacerlo beneficiará también a Guatemala, donde la parentelocracia en todas sus manifestaciones ha causado daños terribles. Obviamente, sería suicida contratar o mantener en la administración pública a personas de oscuro pasado personal y politiquero aunque hayan sido llamadas a integrar el equipo. A veces puede ser injusto y en otros casos será obligatorio porque siempre hay otra persona capaz. Mantener a “claneros” y prestanombres será una decisión personal y sin duda su efecto lo debilitará.