El Pacto de Corruptos dio ayer una nueva, aunque ajustada, muestra de cohesión para elegir a la junta directiva, con la cual concluirá la actual legislatura en el 2020, cuando se producirá un nuevo relevo general de autoridades.

Esta nueva junta directiva arrastra el desprestigio prevaleciente en el actual período, pues en esta ocasión su composición se logró con acuerdos que profundizan el descrédito de sus integrantes y de la Legislatura, empezando por su presidente, quien resulta ser el caso más patético para ese organismo, al ser el único integrante de un partido político agonizante y con una patética falta de liderazgo en su primer período.

Pero no es el único caso, pues otros de los integrantes también han cobrado fama por estar en la mira de la justicia, como es el caso de quien también se reelige como vicepresidente, Felipe Alejos, quien tiene un proceso de antejuicio pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia, debido a que el juez pesquisidor recomendó no retirarle la inmunidad.

A ellos se une Armando Escribá Morales, electo como tercer vicepresidente, quien también enfrenta una solicitud de antejuicio, planteada por la Fiscalía contra la Corrupción y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por el caso Construcción y Corrupción, por supuestamente tener vínculos con empresas constructoras ligadas a una trama de sobornos en el Ministerio de Comunicaciones y por el cual ya hay varios procesados.

Otra de las figuras polémicas que también integrará esta nueva junta directiva es el diputado Juan Manuel Giordano, segundo secretario, quien también se encuentra arraigado por un caso de discriminación contra la exgobernadora de Alta Verapaz, junto a otros diputados que supuestamente insultaron a la exfuncionaria durante una reunión para coaccionarla para conseguir prebendas.

No menos polémico es Estuardo Galdámez, quien volverá a integrar esta directiva, lo que contribuye a complementar un cuadro preocupante, pues es obvio que los intereses de estos diputados estarán muy alejados del histórico papel que le corresponde desempeñar al Legislativo, empezando por las motivaciones del oficialista FCN-Nación, que encontró las piezas necesarias para continuar con su proyecto de desbaratamiento de la institucionalidad.

El parámetro que permite ratificar el endeble respaldo de esta nueva planilla es que apenas logró rebasar los votos necesarios, y eso claramente solo puede obedecer a acuerdos sobre nuevos privilegios en algunos casos, y en otros, a estar incrustados en posiciones de poder ante el avance de la justicia, desde los cuales se puede ejercer presiones y amenazas o retardos maliciosos, como es el caso de Alejos, quien hizo 15 intentos por frenar el avance de la justicia.

Con la elección de esta nueva junta directiva gana el oficialismo y pierde el país, aunque también otros políticos que fueron incapaces de lograr consensos para dar la batalla, lo que podría allanar el camino para que el Pacto de Corruptos intente continuar con sus aberrantes iniciativas en contra de derechos fundamentales o de mayores exabruptos, como suelen ser los planteamientos del diputado Galdámez.