La maquinaria oficialista y sus adláteres están cavando una profunda fosa en la que sepultarán las esperanzas de millones de guatemaltecos y quizá también su propia tumba política. El Congreso promulgó una iniciativa vergonzosa contra la libre empresa y rondan serias amenazas para limitar o eliminar la libertad de expresión.

No es todo. El Pacto de Corruptos todavía busca impulsar reformas al Código Penal para beneficiar a los sindicados de corrupción, como se hizo con los secretarios generales de partidos políticos y quienes incurrieron en financiamiento electoral ilícito, que podrían librarse de toda responsabilidad, aunque el Ministerio Público asegura que no tolerará la impunidad.

En el recinto parlamentario se inició la discusión del presupuesto de gastos para 2019, el cual vuelve a ser una carta al Santa Claus de los políticos, pues la desproporcionada cifra propuesta no solo carece de fuentes de financiamiento, sino que tiene la clara intención de desbordar el clientelismo y convertirse en una fuente de recursos en un año electoral.

En este proyecto es nula la oposición, porque todos consideran que pueden salir beneficiados de ese multimillonario plan de gastos. Algunos porque creen que pueden seguir disfrutando de una fuente inagotable de recursos y otros porque se ven como herederos de la mafia política y, en consecuencia, apoyarán esos gastos, muchos rayanos en el absurdo.

En ese reparto de dinero, el primer gran ganador es el magisterio, por ser el que mayor bullicio puede provocar en favor de las polémicas figuras de gobierno. Si todo avanza como está planteado como consecuencia de vergonzosos acuerdos, tiene garantizado un aumento de mil millones de quetzales.

A ese gremio le sigue el Ejército, el cual, a pesar de estar en un período de paz, durante el gobierno de Jimmy Morales ha sido uno de los más beneficiados con transferencias millonarias de carteras importantes como Gobernación. Ahora, sin justificación y sin que exista amenaza alguna a la seguridad nacional, se propone un aumento de más de 300 millones de quetzales y seguramente tampoco será suficiente, como ha ocurrido durante los últimos tres años

En cambio, se propone reducir recursos a la educación superior, sobre la cual debería existir mayor financiamiento, aunque también mayor exigencia y fiscalización. También se prolonga un paro de empleados de Salud que se acerca a los dos meses y ante sus demandas no existe el menor ánimo de responder, ni por los diputados ni por el Gobierno central, lo que constituye una incoherencia cuyo efecto directo repercutirá en una mayor conflictividad.

El mayor problema es que este presupuesto es uno de los más deficitarios, pues sobre los Q87 mil millones proyectados se estima que podrían recaudarse apenas Q64 mil millones. Esto obliga a contraer endeudamientos de los más caros, vía emisión de bonos, pero tampoco se tienen garantías de que la SAT pueda alcanzar su propia meta. El descalabro está a las puertas de alcanzar niveles catastróficos y profundizar la crisis económica porque la mayor parte se va en funcionamiento. Esta será la herencia del peor gobierno y legislatura en esta etapa de democracia electoral.