El brazo de la justicia sigue estremeciendo a la sociedad guatemalteca con hechos que incluso parecían haber quedado en un recóndito lugar de la historia nacional, pero se demuestra que algunos delitos pueden buscar esclarecerse aún muchos años después, como ocurre con la detención, ayer, de varios exfuncionarios.

El Ministerio Público y la Cicig coordinaron ayer la captura del exministro de Gobernación Carlos Vielmann, del exsubdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil Stu Velasco, Víctor Manuel Ruiz y Francisco Guarcas, acusados de ejecución extrajudicial. El actual viceministro de esa cartera, Kamilo Rivera, no fue localizado durante los allanamientos en su residencia, por lo que la Fiscalía pidió y se le dio curso a una denuncia en la Interpol.

El caso de Rivera es uno de los más curiosos, pues luego de conocerse la orden de captura emitida por la jueza de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez, este declaró a la prensa que estaba trabajando de manera normal, desconocía la orden de aprehensión y se había enterado de allanamientos en su residencia.

Ese cuadro lo complementó el actual ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, quien fue el que lo nombró como viceministro, cuando declaró a los periodistas que Rivera disponía de tres días para ausentarse de sus labores, lo cual es poco serio, pues una orden de captura de esa naturaleza no se puede tomar con tanta ligereza.

Los hechos que se les atribuyen son graves, porque tanto el MP como la Cicig los involucran en una estructura criminal que habría ejecutado a varios reos que se fugaron en el 2005 de la cárcel de alta seguridad conocida como El Infiernito, luego de que las autoridades montaron un plan de recapturas conocido desde entonces como “Gavilán”.

Este caso abre de nuevo la polémica en el país sobre estructuras paralelas incrustadas en el Estado, y tanto los entes acusadores como el subsiguiente proceso deben ser certeros, para no dejar dudas sobre esas serias acusaciones. Lo mismo debe hacer el Poder Judicial, llegado el momento de cumplirse los plazos procesales, para evitar así que de nuevo se caiga en largos periodos de prisión sin que los procesos avancen, con lo cual se afecta adicionalmente el sistema de justicia.

Supuestas evidencias de “nuevos hechos” permitieron continuar con la investigación sobre ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Óscar Berger, las cuales permitirán plantear las imputaciones en la primera audiencia fijada para finales de la próxima semana, cuando se señalará la participación de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad (ciacs), una de las razones que dieron origen a la Cicig.

No solo la justicia se pone de nuevo a prueba, sino también todo el sistema, porque las posturas oficiales sobre el viceministro Rivera son las menos deseables. Sería el primer alto funcionario del actual gobierno que podría estar en las próximas horas en prisión preventiva, si se cumple la orden judicial, y por lo mismo, su caso debe ser tratado con toda seriedad, porque los señalamientos también lo son y cuando se emiten comentarios poco serios se pone a prueba la fortaleza del sistema de justicia, que debe demostrar imparcialidad.