Con discreción, como fue su anterior llegada a Guatemala, la congresista demócrata estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, volvió ayer al país, y sin que los medios de comunicación tuvieran acceso se reunió con personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, y junto al embajador de Estados Unidos informó de un nuevo desembolso y nuevas medidas para esa oficina de la ONU.

Torres reconoció el trabajo que la Comisión hace en la lucha contra la criminalidad y anunció la firma de un acuerdo para una donación de seis millones de dólares, con nuevas reglas. Una de ellas ya se había anunciado y es la designación de un comisionado adjunto por parte del secretario general de Naciones Unidas y el comisionado Iván Velásquez.

La segunda medida que podría reconfigurar el funcionamiento de la Cicig es que parte de los nuevos recursos se destinen a la implementación y fortalecimiento de un sistema de rendición de cuenta mediante auditorías periódicas.

Este mecanismo debería ser mucho más amplio y, al igual que se les exige a las oficinas gubernamentales, aunque no todas cumplan, también debería ser público todo aquello relacionado con su funcionamiento, salvo detalles de seguridad. Una modalidad que ya existe y se sigue con los países donantes, los cuales reciben un detalle de los gastos de los recursos de sus contribuyentes.

La tercera medida es reportar los avances sobre el fortalecimiento del Ministerio Público, tarea también reclamada en Guatemala. Este debe ser un proceso mucho más dilatado, porque en el fondo las instituciones guatemaltecas tienen la capacidad de funcionar de manera adecuada, pero les falta voluntad y vergüenza para romper las cadenas de una perniciosa dependencia.

El trabajo independiente también sería posible si los operadores del Pacto de Corruptos dejaran de interferir en el funcionamiento de entidades como el MP, que ahora da muestras de no poder operar con plena solvencia, pues se acrecienta la percepción de una falta de carácter ante temas ineludibles.

La clase política, que tiene en sus manos la posibilidad de amedrentar a funcionarios o empleados menores y modificar leyes en favor de la impunidad o en beneficio propio, hace difícil el pleno desempeño de funcionarios a quienes no les debería temblar la mano ante el accionar malicioso.

La congresista Torres también aprovechó la ocasión para pedirle al presidente Jimmy Morales que “reconsidere” la decisión de terminar con el mandato de la Cicig, algo sobre lo cual indudablemente habrán de sumarse otras voces, por el importante aporte en el combate de la corrupción y la impunidad que ha significado la Cicig.

Si bien este nuevo apoyo a la lucha antimafias realza la ayuda bipartidista, los congresistas estadounidense también deberán poner los ojos en su propio territorio, pues como lo denunció la exembajadora de Estados Unidos en México Roberta Jacobson y lo revela el nuevo libro de Bob Woodward, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado parecen ser un gigantesco manicomio, donde se ha perdido la brújula.