Se instaló en el país la narco-clepto-cracia. Es el mayor logro de la administración de Jimmy Morales. Esta es la verdadera amenaza a la seguridad nacional.

Se consolida ante la mirada “vigilante” pero tibia del MP, ante la carencia de “arrestos” de los magistrados de la CC y la ambigüedad de las representaciones diplomáticas, ante los aplausos de los recluidos en Mariscal Zavala y las oraciones de sectas fundamentalistas neopentecostales, ante la complicidad del Cacif y el servilismo de la élite criolla capitalina, con la asesoría de abogados especializados en retorcer la ley y un Ejército que nunca ha sido aliado de su pueblo.

Retrocedimos a la década de los 80, de la mano de un militar frustrado y arrogante, de un payaso mediocre y soberbio y, de un “iluminado” que se considera enviado de Dios, que llegó a la Presidencia mediante un proceso carcomido por el financiamiento electoral ilícito o “no registrado”.

El escenario es el mismo de aquella época “aunque con distintos actores. Es más. Si nos atenemos a los hechos, noticias y estadísticas que nos ofrecen los medios de comunicación, encontramos que la realidad histórica que vivimos no ha mejorado desde entonces sino que se ha deteriorado aún más. La pobreza se ha agudizado, los abusos de poder se han multiplicado, la corrupción ha crecido, la inmunidad de los culpables se ha acorazado”. (Ángel Zamorano).

Ante esa realidad, es determinante la lucha que hoy libran la mayoría de ciudadanos contra fuerzas oscuras que desde el Estado hacen trizas nuestras frágiles instituciones democráticas, matan las esperanzas de nuestros pueblos y mancillan la dignidad humana. La dirigencia política que hoy ejerce el poder, por corrupta e impune, traicionó las aspiraciones de la ciudadanía que anhela vivir en un Estado de Derecho.

La Diócesis de Jutiapa, recientemente se pronunció ante la “realidad que vive el país provocada por la dinámica de fuerzas oscuras y peligrosas que están obstaculizando el avance de la justicia, la consolidación de la paz, el cuidado de la vida y la creación”. Esta es la única prioridad del Ejecutivo, empeñarse en “destruir el “Proyecto Cicig”, el único que comenzaba a dar sus frutos en la instauración de la justicia y en la lucha contra la impunidad y la corrupción, y que es brutalmente abortado en contra del parecer de la gran mayoría de la población y del sentir de la Comunidad Internacional”.

Estas decisiones “constituyen una cínica oposición al avance de la justicia en nuestro país, abriendo, además, el campo para que las estructuras criminales sigan invadiendo al Estado y condicionando la función del buen gobierno”.

Por eso, ante ese desastre nacional con san Agustín, nos preguntamos: “Sin la justicia, ¿qué serían en realidad los reinos sino bandas de ladrones?, ¿y qué son las bandas de ladrones si no pequeños reinos?”, Sin el “Proyecto Cicig” el gobierno consolidó la llamada “Narcocleptocracia”, es decir, el gobierno de ladrones, corruptos y narcos, convirtiendo nuestra Nación en el reinado del crimen y de la injusticia, del desorden social y de la prepotencia de los corruptos y criminales”.

La actual administración al ubicarse del lado del “pacto de los corruptos” perdió el rumbo y se deslegitimó pues no está comprometida en la construcción de la paz, fruto de la justicia ni con el desarrollo social de los más empobrecidos. Seguimos esperando “una justicia real, pronta y cumplida; una justicia construida día a día, consistente en el respeto y garantía de los derechos humanos”.

Frente a las condiciones de extrema pobreza afirmamos que “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz” (Juan Pablo II). “La dinámica perversa de la corrupción y la incapacidad para gobernar van empobreciendo nuestra población hasta niveles horrendamente inhumanos”.

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