La discusión del salario mínimo es una polémica recurrente en todos los países, sujeta a variables de productividad, inflación, coyuntura política y hasta pugnas entre el Estado y sectores empresariales, sindicales, sociales y académicos. En Guatemala, nuevamente tiene lugar una discusión sobre la conveniencia o no, acierto o no, proporcionalidad o no, de los nuevos salarios mínimos, que únicamente tuvieron incremento para la ciudad y la producción de maquila, mas no para el trabajo agrícola, con lo cual se suscitan desde ya una serie de quejas y cuestionamientos hacia la decisión presidencial.

Precisamente una de las discusiones recientes radica en el hecho de si debe ser el jefe del Ejecutivo quien dictamine un monto, cuando la comisión integrada por empresarios y representantes laborales no llega a un acuerdo después de meses de cálculos y propuestas que usualmente terminan en un punto muerto. Si bien es una potestad que puede hacer un poco de justicia al esfuerzo productivo de miles de empleados, también es un poder que puede golpear la competitividad de las empresas, puesto que las obliga a brindar una remuneración que en determinados casos puede conducir a recortes de planilla para poder cubrirlos.

Por un lado, sectores sindicales critican un incremento que califican de irrisorio. Ningún aumento al sector agrícola, argumentan, implica más pobreza, peor seguridad alimentaria y una motivación más para la migración irregular; se trata, además, del segundo año consecutivo sin tener aumento. El tema más controversial, desde este punto de vista, es la disparidad desventajosa del salario mínimo en comparación con el valor de la canasta básica y el hecho de que aun el aumento en los sectores favorecidos probablemente no se equipare con el nivel de inflación.

Por otro lado, el sector empresarial argumenta una falta de competitividad y en principio critican la política de Estado de legislar sobre el salario mínimo. Desde su punto de vista, el Gobierno haría más concentrándose en incentivar la economía para promover la competitividad del país. Se critica la legitimidad del cálculo de la canasta básica, con lo cual la posibilidad de una discusión productiva entre los diversos sectores es cada vez más difícil.

Es posible argumentar que muchos de los problemas que sufre la nación hoy en día derivan, al menos en parte, del bajo nivel de ingresos de la población. La deficiente recaudación tributaria es un ejemplo claro. La informalidad endémica en el aspecto laboral, causada en buena parte por empleadores renuentes a pagar beneficios de ley implica menos ingresos para el Estado y, por lo tanto, menos acceso a servicios públicos y peor calidad de estos.

En todo caso, el horizonte de la discusión a mediano y largo plazo debería conducirse más sobre la vía de cómo lograr que las industrias nacionales consigan mejores rendimientos y una mayor proporción de mercados consumidores en el mundo, ya sea con productos innovadores, costos competitivos e incluso tratados de comercio que signifiquen una ventaja comparativa para ambas partes. La definición del salario mínimo debe dejar de ser un instrumento político para convertirse en una oportunidad para definir parámetros visionarios, de verdadera inclusión social y modernización económica. Guatemala necesita ser competitiva pero también equitativa. Las sociedades más avanzadas no solo son financieramente saludables, también reconocen en sus modelos la necesidad de un equilibrio.

Un poder adquisitivo fortalecido redunda en una economía más dinámica, lo cual tiene a su vez un impacto positivo en los rendimientos empresariales e industriales.