El ataque ocurrido ayer contra la hidroeléctrica Ixquisis, en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, debe ser motivo de alerta para las autoridades del Gobierno y judiciales. Fue muerto un trabajador de la planta, luego de un ataque de varias horas contra las instalaciones, tras un año de hostigamiento por individuos armados que se cubren con gorros pasamontañas.

Toda acción delictiva, como el ataque a la propiedad privada o la vida misma, debe ser castigada de acuerdo con la ley. Se debe respetar el derecho de protesta, pero este se subyuga al respeto a la vida, la locomoción y la propiedad, ya que de ello depende que una manifestación se convierta en una transgresión imperdonable a la ley.

Los ataques contra la minería o hidroeléctricas se han convertido en una nueva oleada de conflictividad social provocada por grupos no identificados que estimulan la acción de activistas fanáticos.

El martes, por ejemplo, el exdirigente magisterial Bernardo Caal, procesado en Cobán por el secuestro y asalto a trabajadores en Santa María Cahabón, amenazó en una radio comunitaria con acciones contra la hidroeléctrica Chixoy, al decir que “la lucha contra los secuestradores de los ríos continuará”. La casa de máquinas de la más grande hidroeléctrica del país está bajo amenaza de destrucción, lo cual se suma a los hechos violentos en Huehuetenango. Entonces las frases de Caal causan mayor preocupación.

Mientras, los sectores ecologistas guardan un preocupante y casi cómplice silencio sobre la forma como gente de Caal enfrenta lo que a ojos de ellos es una amenaza pero que en realidad comprueba lo ilegal.

Los inconformes con las hidroeléctricas y las minas coinciden peligrosamente con otro grupo al margen de la ley, Codeca, el cual, según afirman las autoridades del sector eléctrico, roba electricidad generada por el INDE, la instala en diversos pueblos de la provincia y luego cobra a los usuarios, un acto abiertamente ilegal.

Estas muestras de violencia hacen necesario exigir a las autoridades del Gobierno y de justicia que tomen el control y apliquen la ley. Así ocurrió en varios procesos en los cuales los juzgadores son amenazados por grupos de personas congregadas alrededor de los tribunales, generalmente acarreadas y por ello ajenas a las zonas en conflicto.

Quienes piensan en la deformación de los movimientos sociales encuentran sustento en estas acciones, cuyo fondo es alimentar la nefasta industria del conflicto y generar espacios para el comportamiento extorsivo de grupos al margen de la ley actuando con impunidad y financiamiento de hecho oscuro.

Si las protestas recurren a las acciones de hecho, perderán legitimidad y estarán fuera del marco legal. No hay reclamo que merezca siquiera ser considerado si se hace con violencia y provoca muerte, secuestro o agresión contra personas ajenas a las decisiones cuestionadas. Eso es delito, y las autoridades están obligadas a intervenir y castigar a los responsables.

Ojalá la situación no se desborde. La coincidencia de hechos en tiempo y objetivos hace suponer la existencia de un plan oscuro e ilegal que debe ser controlado y sometido a la ley.