Es demasiado pronto para evaluar los reales alcances de las posturas asumidas por el presidente Jimmy Morales, los diputados, el netcenterismo y otros acólitos a sueldo, respecto de la rebeldía a la institucionalidad guatemalteca. De momento, solo se han multiplicado las voces de sectores que abiertamente se declaran en contra de los fallos judiciales o resoluciones que buscan el restablecimiento del orden constituido.

Cuando Morales declara que no prorrogará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se ubica desde una perspectiva interesada en investirse de poderes extraordinarios, lo cual se ratifica cuando empieza a lanzar frases inaceptables de que no respetará resoluciones enfáticas de la Corte de Constitucionalidad, por más que quienes lucran con su oficiosa defensa insistan en lo contrario.

Como lo han hecho hasta ahora los más altos funcionarios del país, los fallos del máximo tribunal constitucional se acatan, no se discuten, ni mucho menos se desafía la institucionalidad, como él y ahora muchos otros dignatarios y empleados menores lo están haciendo, porque se acrecienta la inestabilidad. Es mucho peor cuando esos ataques provienen de personas cuestionadas o situadas en la mira de la justicia.

Con el argumento de no obedecer órdenes ilegales, el presidente está destrozando la poca credibilidad que existe en las instituciones. Si no se cumplen los fallos de la CC, se abre la puerta a la anarquía, como también lo hacen ahora otros sectores, entre ellos varios diputados, que incluso para sus insanos propósitos han colocado el argumento de que en otras materias dicha corte solo emite opiniones.

El propio Ejército se ha sumado a una innecesaria polémica, al declarar su vocero el pasado viernes 28 de septiembre que habían sido notificados por la CC de que no procedía su recurso de nulidad en contra de la decisión de permitir el ingreso de Iván Velásquez por no ser la institución armada parte interesada. Sin embargo, en los días siguientes esa versión fue corregida, cuando se hizo obvia la intervención de otros protagonistas, con lo cual aumentó la incertidumbre.

Quizá el presidente no sea consciente del enorme daño que sus acciones provocan en la certeza jurídica y más bien sus actuaciones denotan desesperación o ser víctima de perniciosos consejos, pues no es la persona más idónea para tomar decisiones de tanta trascendencia en las que incluso se debería consultar a la población, porque también se debe entender que el poder es un mandato delegado y no un pasaporte para el abuso.

El exabrupto del embajador de Colombia en nuestro país, Carlos Manuel Pulido, de agredir de manera intolerable al activista guatemalteco Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, y a la diputada Andrea Villagrán por considerarlos críticos del actual sistema, encaja en esas generalizadas expresiones de intolerancia que están dominando las pasiones de muchos funcionarios, que a toda costa intentan frenar los esfuerzos contra la corrupción.

La batalla que libra Guatemala contra esos flagelos es crucial y por lo mismo determinadas decisiones no deberían quedar solo en manos de un grupúsculo de políticos cuestionados, porque al final el uso del poder para fines perversos y personales es la mayor muestra de estulticia en la que puede incurrir un gobernante.