La desesperación, ante el inexorable avance de la justicia y del proceso electoral 2019, provoca zozobra en el sector oficial, desde donde se multiplican los esfuerzos por consolidar alianzas para edificar un muro de impunidad, aunque esto implique violentar la legalidad. De seguir adelante, sin mayor obstáculo, esto le saldrá caro a todos: políticos, empresarios, académicos, así como espectadores indiferentes.

El Ejecutivo ha dado ya suficientes muestras de inescrupulosidad, como puede verse con las reacciones ante el avance de la justicia, y solo parece quedar la grosera profundización de la impunidad. En esos esfuerzos cuentan con poderosos aliados en diferentes sectores, sobre todo en el Poder Legislativo, desde donde se hacen acelerados esfuerzos por no ceder en exabruptos y el abuso de poder.

Uno de los aspectos más delicados del ímpetu congresil es que los diputados aglutinados en el Pacto de Corruptos se han dado a la tarea de buscar la modificación de leyes para someter a otros poderes a sus designios y conjurar una asonada contra el estado de Derecho, que podría dejar en sus manos una peligrosa cuota de poder inusitada, solo vista en la Venezuela chavista-madurista o en la Nicaragua del ortega-murillismo.

Una de estas leyes es la relativa al derecho de antejuicio, que diputados impresentables buscan modificar para despojar de ese derecho a la Corte Suprema de Justicia, lo cual echaría por el suelo el equilibrio de poder y destruiría el sistema de pesos y contrapesos, lo que daría otro paso hacia un modelo tiránico.

Lo que más les preocupa es quedar fuera de la próxima contienda electoral y por ello buscan modificar una ley aprobada por ellos que les prohibía cambiar de partido. Ante la amenaza que se cierne sobre la mayoría de ellos, buscan eliminar ese obstáculo para restablecer el transfuguismo y les volvería a abrir las puertas a la cleptocracia.

En la agenda también tienen contemplado modificar el Código Penal, que castiga a los políticos que hayan incurrido en financiamiento ilícito, delito que tiene contra las cuerdas al presidente Jimmy Morales, a Orlando Blanco de la UNE y a Roberto Villate, quienes fungieron como secretarios generales de los partidos que participaron en las últimas elecciones. De lograr esa modificación, esos tres políticos señalados serían los primeros beneficiados.

La guinda sobre este cúmulo de abusos la puso, una vez más, el diputado Felipe Alejos, quien al recibir un revés en el pleno decidió por voluntad propia formar una comisión para investigar la compra de un edificio para el Ministerio Público, con lo cual no solo le arrebata la credibilidad a sus integrantes, sino que podría entorpecer investigaciones formales sobre cualquier ilícito en dicha adquisición.

Otra iniciativa más busca, de nuevo, beneficiar a sindicados de ilícitos, con lo que se consolida la percepción generalizada del peligroso rumbo por el que avanzan el Congreso y el Ejecutivo, que desafían al sistema legal establecido y envían un preocupante mensaje sobre las reales intenciones de quienes, en vez de encarar a la justicia, apuntan a su debilitamiento. Esto puede desembocar en una mayor ingobernabilidad, por no ser ellos los más idóneos para encabezar semejante reto.