Cuando se repasa la historia reciente del país queda clara la forma en que los poderes fácticos chapines “resuelven” lo que consideran amenazas a su poder y sus privilegios. En 1954, tras las reformas impulsadas por los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz Guzmán, organizaron un golpe de Estado que terminó con el intento de transformar el modelo económico imperante en Guatemala.

Las medidas adoptadas para garantizar la protección de derechos a los trabajadores —aumento salarial, derecho de huelga y prestaciones sociales— y el proceso de reforma agraria fueron suficientes para que las clases dominantes orquestaran una estrategia contra el régimen democráticamente electo de Árbenz Guzmán en por lo menos tres frentes: a) Acusaron al gobierno de ahuyentar la inversión extranjera y provocar una crisis económica sin precedentes, para eso despidieron a más de tres mil trabajadores de la trasnacional bananera; b) levantaron una campaña pública de desprestigio a escala nacional e internacional contra el mandatario y su gobierno, acusándolo de ser un demonio comunista y; c) acordaron con el gobierno de los Estados Unidos, vía el director de la CIA, el apoyo para la asonada.

Durante la guerra interna volvieron a las andadas con un plan que abarcó distintas dimensiones. La alianza entre el ejército y la élite económica se consolidó y los militares defendieron a sangre y fuego el sistema de acumulación y riqueza de las oligarquías nacionales. La figura del “enemigo interno” se utilizó para justificar los miles de asesinatos, desapariciones forzadas, las masacres y el genocidio. Generaron un clima de opinión pública en el que exacerbaron el miedo y la descalificación hacia todo aquel que pensara distinto y utilizaron la religión —vía la proliferación de las iglesias neopentecostales y la alianza con la jerarquía conservadora de la iglesia católica— como uno de los mecanismos de control de la población. Lograr su propósito nos costó 250 mil muertos y 50 mil desaparecidos.

Después de la firma de los acuerdos de paz, vieron en la reforma constitucional de 1998 una nueva amenaza para sus intereses. Entonces emprendieron la campaña pública por el NO, que bloqueó cualquier posibilidad de implementar lo firmado. Avivaron los miedos de las capas medias y utilizaron el racismo estructural como herramienta, y así se trajeron abajo la reforma emanada del proceso de paz. Misma táctica utilizada contra la propuesta de reforma constitucional sobre temas de justicia que se intentó aprobar en el 2016.

Con el juicio por genocidio en el 2013 vimos nuevamente el accionar de las élites. Revivió con fuerza la alianza oligárquico-militar y el sector privado cerró filas ante la posibilidad de que tras los juicios a los altos mandos del ejército vinieran los procesos contra los “privados” que financiaron la guerra. El ataque contra los fiscales del MP, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo A, los testigos, peritos y víctimas fue despiadado. La campaña del Cacif “Ahora dicen que los guatemaltecos somos genocidas” y el chantaje al tribunal constitucional se trajeron abajo la sentencia y el juicio hubo de repetirse. Mismos actores, mismas tácticas.

Hace 60 años que vienen haciendo lo mismo, por eso no extraña que el plan de ataque contra la Cicig y el MP, tras las investigaciones en casos de gran corrupción, aglutine a los mismos sectores con estrategias similares. Su propósito, como siempre, es la restauración conservadora que bloqueé —por mínima que sea— cualquier posibilidad de transformación.

@MarielosMonzon