En el nombre de la estabilidad y de una supuesta defensa de la institucionalidad, Estados Unidos ha desdibujado su política exterior, al extremo de tolerar a regímenes impresentables, por tenerlos como sus aliados, pues les resultan más cómodos, aunque el costo lo cubran los ciudadanos que deben pagar la arbitrariedad.

Así ocurrió durante muchos años con el Gobierno de Nicaragua, al que se le vio como un símbolo de estabilidad y se le toleró el abuso, el manipuleo de las instituciones, hasta buscar perpetuarse en el poder, lo cual desembocó en actos repudiables contra la población, que puso a las víctimas en una jornada de protestas.

Ocurrió también en Honduras, donde el oficialismo, de la mano de un puñado de funcionarios y políticos inmorales manosearon las leyes e irrespetaron el marco constitucional para reelegir de manera irregular al actual presidente Juan Orlando Hernández, quien solo pudo mantenerse en el poder gracias al apoyo estadounidense, no sin antes dejar un alto costo social, con muertes de por medio, después de las últimas elecciones denunciadas como fraudulentas.

El ala gubernamental de Guatemala se ha sumado a quienes mediante chantajes y el aprovechamiento de la amistad con otros países han hecho movimientos diplomáticos con perversas intenciones y la diplomacia estadounidense ha sido embaucada, al punto de llevarla a tolerar abusos más serios con la institucionalidad guatemalteca.

El pleito personal del presidente Jimmy Morales con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha servido de excusa para que el mandatario busque de manera poco digna aliados y contar con el apoyo de algunos diplomáticos estadounidenses, con el consiguiente irrespeto a la institucionalidad.

Ha sido muy evidente la desfachatez y para lograr esos perversos objetivos se ha llegado a extremos de polarizar a la sociedad con propósitos incalificables, lo que ha despertado una fuerte indignación nacional, porque claramente todos los esfuerzos están orientados a evadir a la justicia y solo los corifeos a sueldo le hacen creer al Gobierno que sus jefes no están solos.

Lo cierto es que el círculo se vuelve cada vez más estrecho y la causa nacional suma más voces en el combate de la corrupción, como lo patentizaron ayer varios congresistas estadounidenses, casi todos demócratas, que en una nueva carta dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo, le piden pronunciarse de manera enfática sobre las descabelladas medidas tomadas por Morales para desbaratar la Cicig y frenar la persecución contra varios acusados de corrupción.

Los legisladores reclaman no solo el apoyo a la oficina anticorrupción de la ONU, sino pronunciarse respecto del uso de recursos donados por Estados Unidos y que han servido para intentos de amedrentar a la Cicig y a los diplomáticos de ese país acreditados en Guatemala. Sin duda, tienen en mente las cercanas elecciones de medio período.

Es una nueva muestra de que la situación todavía está lejos de normalizarse y que un problema que pudo haberse resuelto sin tanto aspaviento ha escalado con demasiado estruendo el ámbito nacional.