Previó a votar por una nueva sesión los jueves, el diputado Raúl Romero, de la bancada Fuerza criticó la forma en la que la Corte de Constitucionalidad dictaminó la reforma electoral.
“A mi sí me parece fundamental la certeza jurídica y claridad política de cara al próximo proceso electoral, y aprovecho nuevamente para señalar que es un alto grado de irresponsabilidad lo que la Corte de Constitucionalidad está haciendo actualmente. En primer lugar, si no se tiene claridad y certeza jurídica en la interpretación y aplicación de las reformas a la Ley Electoral se están poniendo en riesgo la legitimidad de los resultados de las próximas elecciones”, dijo Romero.
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“El Congreso debe cumplir con la responsabilidad y no caer en esa irresponsabilidad de la Corte de Constitucionalidad de dar dictámenes a medias tintas, sin claridad y sin integralidad. Hoy por hoy, la Corte sigue sin pronunciarse sobre recursos de inconstitucionalidad y debe de pronunciarse, nos guste o no nos guste, pero debe de hacerlo para que haya certeza legal y jurídica”, insistió Romero.
Mientras que el diputado Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), solicitó al presidente del Congreso que sea la Dirección Legislativa quien entregue un informe sobre qué artículos son favorables y cuáles son desfavorables.
Algunos de los cambios
Los diputados quieren entrar a conocer la reforma política, a pesar de que los magistrados de la CC emitieron dictamen favorable a varios artículos, entre estos elevar el número de afiliados de 0.30 a 0.50 por ciento del padrón electoral, para no ser cancelados, además, que los secretarios generales departamentales podrán participar en las asambleas nacionales con voz y voto, así como el voto secreto en las asambleas nacionales de las agrupaciones políticas.
La CC también dictaminó a favor que el cargo de secretario general de un partido político es incompatible con la candidatura presidencial, por lo que si el secretario general aspira a la Presidencia deberá renunciar a su cargo partidario, como mínimo, seis meses antes de la convocatoria. La Corte también se mostró a favor de reducir de tres a dos años los cargos de elección en el comité ejecutivo nacional de cada partido legalmente inscrito.
Por otro lado, la CC dictaminó desfavorable elevar la deuda política de US$2 a US$3, o su equivalente en quetzales, debido a que no se argumentó sobre el tema. Tampoco apoyaron la creación de un fiscal informático con más atribuciones, así como nuevas actividades proselitistas.
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El rechaz constitucional también se aplicó a que solo se guarde información contable durante cuatro años, así como que los informes financieros ya no los firme el auditor sino el secretario de finanzas.
Tampoco permitió la CC poner un plazo para la inscripción de una asamblea y eliminar las calidades para ser magistrado del TSE, que actualmente se obliga a los aspirantes a poseer un título de abogado y notario. La CC también rechazó una segunda elección para diputados y alcaldes.
La creación de subdistritos electorales, así como la representación proporcional de minorías con derecho a voto preferente fue dictaminada desfavorable, estos puntos eran parte de los cambios solicitados durante las manifestaciones desde el 2015 para mejorar la representación.
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