Inversionistas de un proyecto minero y una terminal portuaria en el pacífico guatemalteco son las compañías que están en fase de presentación de la demanda, según el estatus que reveló la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Estos dos procesos se adhieren a otros tres casos que se encuentran en etapa avanzada.
“Hay varios casos que se están tratando y otros que buscamos generar una negociación”, explicó el procurador general, Jorge Luis Donado Vivar.
Activación
La PGN informó que está en fase la carta de intención de la subsidiaria estadounidense Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday, & Associates.
Este caso, según el procurador, está relacionado con el proyecto minero El Tambor, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua), que tiene suspendida las operaciones.
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“En el caso la puya se notificó la pretensión de ir a juicio de arbitraje y lo que están buscando es generar un tipo de negociación”, precisó el procurador.
El planteamiento se conoció en mayo pasado, invocando el capítulo de resoluciones de controversias del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Por otro lado, el 10 de septiembre pasado, APM Terminals advirtió del proceso de arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala.
La medida se tomó por medio de la filial de la española del Grupo Maersk, con base en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, así como los tratados internacionales y bilaterales.
Donado afirmó que este caso está pendiente por los recursos de casación que se presentaron en la Corte Suprema de Justicia.
Uno fue presentado por la PGN, y el otro por APM Terminals.
Estrategia
El ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, manifestó que estas dos últimas intenciones de demanda provienen de resoluciones judiciales y no de actuaciones propias del Ejecutivo.
Contó que se creó una comisión para que el Estado tenga una mejor defensa e incorporar a los mejores técnicos en los litigios.
“Los reclamos son por resoluciones de las cortes y lo que procede es una defensa de derecho a lo que está resolviendo un tribunal nacional”, refirió.
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El funcionario añadió que la comisión en la que participa esa cartera, la PGN, los ministerios de Finanzas y Energía y Minas y otras instituciones analiza la contratación de las firmas que puedan asistir en la defensa.
Afirmó que el monto de presupuesto asciende a entre Q15 millones y Q20 millones anuales y se está en la fase de revisión de posibles contratos con las firmas internacionales en representación del Estado.
Los casos son gestionados en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington, D.C.
Impacto
Rudy Castañeda, vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, explicó que este tipo de controversias tienen un impacto negativo para el país, porque se tiene que direccionar parte del gasto público para cubrir los costos de defensa o, en todo caso, si las resoluciones no favorecen.
“Pagar una demanda que corresponda significará quitar recursos al presupuesto”, aseguró.
En curso
Lista de los casos contra el Estado de Guatemala, según la Procuraduría General de la Nación (en su orden y estatus):
• Teco Guatemala Holdings, LLC, (caso CIADI No. ARB/10/23) en arbitraje.
• Iberdrola Energía, S.A., (caso CPA No. 2017-41) en arbitraje.
• IC Power Asia Development Ltd. (pendiente formación de tribunal arbitral).
• Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday, & Associates (carta de intención) en fase de presentación de intención de demanda.
• Grup Maritim TCB S.L. filial española de APM Terminals B.V., miembro de A.P. Moller-Maesrk Group (carta de intención).
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