Ahora que la política y la ley parecen haber coincidido en varios puntos, la polémica entre la conveniencia de esta relación sube de tono. Algunos proponen mantener aisladas una de otra actividad, en beneficio de la independencia, de acuerdo con el modelo republicano al que el país aspira. Otros, por contraste, proponen una vinculación más cercana, argumentando la necesaria dinámica entre el poder y las normas de su gestión, una especie de justicia social y políticamente viva.

La discusión tiene sus bemoles. Se documenta la necesaria separación cuando se analiza la dinámica del sistema de justicia, cada vez más permeado por las presiones de grupos de interés sobre investigadores y juzgadores y con ello es imperativa la separación entre ambos factores clave de la estabilidad nacional. Resulta ser contundente evidencia de una muy sofisticada corrupción, porque se quiere modificar un proceso usando presiones y amenazas o premios intangibles irrealizables.

La presión sobre jueces de todas las instancias se ha convertido en un arma aceptada por muchos sectores, olvidando que el sistema republicano es el respeto a la institucionalidad de la justicia y sus operadores. Se ha transformado en un hábito aplaudido por todos pero apoyado por quienes más ruido hacen a favor o en contra de los resultados.

El tema sale a colación porque en pocos días se escuchará a los testigos propuestos por la defensa de Bernardo Caal, un exdirigente magisterial procesado por estafa, porque cobró salarios como maestro por más de Q100 mil sin haber acudido a impartir clases a la escuela de Semococh, Santa María Cahabón, según la demanda presentada por la Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz desde febrero del 2015.

El tribunal a cargo ha sido sometido a presiones de quienes pretenden una sentencia absolutoria en un caso que tiene las pruebas necesarias y que es ejemplo de los grandes problemas del país. La ausencia de maestros en las escuelas se suma a los paros y otros movimientos que paralizan al sistema educativo y que, según un monitoreo de la organización Empresarios por la Educación, hasta inicios de septiembre se habían suspendido clases 28 días de los 150 que se debían haber cursado; es decir, casi 20%.

Es imprescindible que el tribunal actúe conforme a ley. Es inaceptable la práctica de desviar fondos del erario hacia personas que no cumplen con su trabajo y además se dedican, como en este caso, a actividades cercanas a grupos proclives al desorden y agitación.

A Caal lo defienden organizaciones que no conocen o no han querido entender que un maestro que no trabaja pero sí cobra debe ser castigado. Defenderlo y amenazar con un conflicto social, por ser amigo de esas organizaciones, es una aberración contra el sistema jurídico. Somete a presión al juez y se le amenaza con el pretexto de ser un instrumento al servicio de los enemigos del señalado.

En estos tiempos de mucha presión sobre el sistema judicial, este caso debe ser puesto en la ventana como una herramienta para alcanzar la justicia, esa que parece haber olvidado a los niños afectados para toda su vida por la ausencia de un maestro que cobró pero nunca acudió a clases.