“El anuncio reciente del Gobierno de que no cumpliría con la decisión de la CC de permitir el ingreso del comisionado Velásquez debilita seriamente el estado de Derecho y el alcance de la justicia”, advirtió el relator, por lo que urgió al Estado “a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar plenamente que juezas, jueces, magistradas y magistrados puedan realizar sus funciones con plena independencia y garantías”.
El relator también expresó su preocupación por la situación de riesgo en que actualmente se encuentran los jueces y juezas que están llevando casos de mayor riesgo, ya que también ellos “han sido víctimas de ataques, represalias e intimidaciones a través de varios mecanismos”.
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“Estos ataques e intimidaciones no sólo ponen en situación de grave riesgo su seguridad e integridad física y la de sus familias, sino que, al hacerlo, debilitan al sistema de justicia en general”, agregó.
García-Sayán también advirtió de que el respeto y garantía de la independencia judicial, así como la imparcialidad, son un pilar fundamental que consolidan los progresos logrados en el país respecto de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el trabajo que ha venido desarrollando el Ministerio Público con el acompañamiento de la Cicig.
“Hago un llamado a respetar, promover y garantizar la independencia e imparcialidad de la judicatura, así como el derecho de todas las personas a que ésta pueda desempeñar sus funciones en un entorno seguro y resolver los asuntos que conozca sin restricción alguna, sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”, puntualizó el relator especial de la ONU.
Además: Iván Velásquez puede ingresar al país, aclara la CC
La CC aclaró la noche del miércoles que el Gobierno debe permitirle el ingreso al país al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, luego de que el Ministerio de Gobernación argumentó que en el amparo de la Corte no se mencionaba específicamente a Velásquez, por lo que continuaban firmes en no dejarlo entrar.
La CC, además, ordenó a todos los aparatos estatales, incluida la Policía Nacional Civil y agentes de Migración, abstenerse de cumplir órdenes de detención contra Velásquez.
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