El presidente Jimmy Morales ya cerró toda puerta para resolver la crisis del país por la vía del diálogo. Ahora el mandatario dirige un régimen que ha dado un golpe de Estado al caer en desacato ante una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) y busca la forma de deshacerse de la Cicig, la entidad que lo investiga por financiamiento electoral ilícito. Los argumentos esgrimidos para interpretar a su manera la resolución de la CC solo muestran a un gobierno que está dispuesto a todo, incluso a romper el orden constitucional, para quedar en completa impunidad. En los últimos días ha desplegado un fuerte dispositivo policial y militar para tratar de acallar las protestas populares y utiliza un discurso altisonante para demostrar fuerza, cuando en realidad está en total debilidad.

Después de que la CC fallara a favor de permitir el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez, el presidente y su grupo más cercano pasaron a la ofensiva. El ministro de Gobernación se encargó de asegurar que no dejará entrar a Guatemala al jefe de la Cicig, con lo cual evidenció la desobediencia a la resolución del tribunal constitucional. La canciller Sandra Jovel se sintió en su salsa para volver a emprenderla contra el secretario general de la ONU, António Guterres. Días antes, Jovel había dado muestras de utilizar la mentira como arma, al asegurar que la Cicig se había convertido en una estructura paralela, pero le faltaba el ingrediente de la insolencia. El pasado lunes fue más allá al convertir a Guterres en casi su sirviente. En una total desfachatez, la canciller le dio 48 horas para entregar una “lista de candidatos a dirigir la Cicig” porque, según ella, Velásquez “dejó de ser comisionado” desde el 3 de septiembre pasado, y le ordenó al jefe de la ONU aclarar esa situación a los países donantes.

La actitud abusiva no paró ahí. Jovel conminó a Guterres a que este tema sea tratado solo por medio de comunicación escrita y por la vía oficial porque como lo ha hecho la ONU anteriormente le parece a ella “inaceptable y debe enmendarse”. La canciller se inventó que el nuevo comisionado “debe ser aprobado por el gobierno” y responsabilizó al secretario general de la ONU de lo que pueda ocurrir si no cumple lo que ella ha ordenado. ¿Qué se ha creído esta señora? La Carta de las Naciones señala que el secretario general no recibe instrucciones de ningún gobierno. Jovel ha traspasado la raya de la diplomacia y se ha comportado con una insolencia sin límite. En realidad, se entiende que ella solo es la caja de resonancia de lo que piensa el presidente Morales y los militares que lo rodean.

A la fiscal general Consuelo Porras le corresponde accionar ante el claro desacato a un fallo de la CC. Las acciones desplegadas por el presidente Jimmy Morales y sus funcionarios son una muestra de rompimiento del orden constitucional. Es un berrinche del mandatario, aderezado con el oportunismo de su junta militar asesora, para sacar de la jugada a Iván Velásquez y el siguiente paso será echar a la Cicig del país porque ellos saben muy bien que un organismo como la ONU no puede dar respuesta en tan solo 48 horas. Según el abogado Alexander Aizenstatd, un tratado internacional con plazo definido no puede ser concluido en forma unilateral por una de las partes antes de que venza el plazo. Además, Guterres no está obligado a responder ante el desplante insolente de Jovel. La estructura mafiosa detrás del gobernante cree haber encontrado la fórmula para reinar en total impunidad. Por eso es muy probable que intenten amedrentar al Ministerio Público para que no accione contra ellos. Sin embargo, la fiscal general está en un momento histórico para demostrar que responde a la ley y no a las estructuras criminales que se han apoderado del Estado.

@hshetemul