Una vez más, la Corte de Constitucionalidad ha puesto orden a la agitada situación nacional, al fallar que la decisión del presidente Jimmy Morales de prohibir el ingreso del comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, es ilegal, al intentar violentar un acuerdo vigente con Naciones Unidas y no agotar los mecanismos de diálogo para resolver las diferencias.

Esta nueva resolución, que vuelve momentáneamente las aguas a su cauce, tiene tres componentes fundamentales: ordena al presidente y a sus funcionarios acatar la resolución, producto de un fallo unánime y sobre todo recuerda al mandatario que él es el representante de todos los guatemaltecos y no solo de quienes lo han malaconsejado para tomar decisiones unilaterales.

Dicha resolución también era previsible y diversos analistas habían advertido sobre las consecuencias de acciones que riñen con la ley por parte del Gobierno y sobre todo recordar que Morales no es el Estado y que sus decisiones más trascendentales no solo deben estar apegadas a derecho, sino que deben ser en favor de todos los guatemaltecos, tema sobre lo que es muy enfática la resolución de la corte constitucional.

Se intuye que el círculo más cercano al gobernante temía un fallo en esta dirección y por eso en los últimos días se había elevado el nivel del discurso gubernamental, al punto de que en más de una ocasión el presidente amenazó con no acatar órdenes ilegales, el mismo discurso que han difundido por diferentes vías los netcenteros a favor del oficialismo, con argumentos emotivos carentes de fundamentos legales.

Este fallo es oportuno porque también debería relajar las voces de discordia que se habían dado en contra de la decisión presidencial, lo cual era una amenaza creciente, como se vio en los últimos días, con protestas en diferentes puntos del país. Esto a su vez provocó otras medidas indeseables del aparato gubernamental, como el despliegue innecesario y repudiable de fuerza policial y de militares, estos últimos portando armamento de guerra.

Por el bien de la institucionalidad, la madurez debe prevalecer en el Gobierno y el presidente no solo está obligado a enmarcarse dentro de la ley, sino renunciar a nuevos exabruptos, pues en lo inmediato corresponde que transmita su mensaje a algunos de sus funcionarios que incluso han incurrido en abuso de poder y de lo cual deberán rendir cuentas en los próximos días.

De hecho, la magistrada presidente de la CC, Dina Ochoa, que leyó la parte medular de la resolución, dijo que se concedió un amparo por los hechos ocurridos el viernes y sábado, donde las fuerzas de seguridad incurrieron en abusos, al someter de manera ilegal a registro a quienes querían observar los festejos de la Independencia y por lo cual también debieron actuar de hecho fiscales del Ministerio Público por violentar la libre locomoción y la libertad de expresión, sobre lo cual también se deben deducir responsabilidades.

Con esta nueva resolución, la CC se convierte en plena garante del respeto del derecho constitucional y pone en su lugar a quienes desde los más altos cargo de poder pueden incurrir en daños irreparables.