De 33 años, Carrillo era diputada independiente y presentó su renuncia el 27 de noviembre al pleno del Congreso, por motivos personales. 87 diputados votaron a favor de aceptar la renuncia de Carrillo, 19 en contra y hubo 52 diputados ausentes.
El nombramiento de Carrillo ocurre después de que, el 12 de noviembre, el Congreso reformó la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, creada en 2016, para que fuera el presidente de la República y no ese organismo el encargado de nombrar al director. Ese mismo día, congresistas dijeron que hubo un acuerdo entre el Legislativo y el presidente Jimmy Morales para nombrar a Carrillo en ese cargo a cambio de los votos para aprobar el paquete de aceptación de cargos, reformas al Código Procesal Penal. En aquel momento, Morales negó ese extremo.
Aquella reforma también dio Q50 millones de presupuesto a la institución.
Acercana a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, Carrillo fue directora del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) y en 2015 ganó una curul por el Partido Patriota (PP). Luego se pasó al Movimiento Reformador (MR) pero lo hizo cuando ya estaban vigentes las reformas legales que castigan el transfuguismo y por esa razón la Corte de Constitucionalidad (CC) se trajo abajo la elección de una junta directiva de 2018.
Votó a favor del Pacto de Corruptos que en septiembre de 2017 votó entre secretos y negociaciones bajo la mesa por las reformas en favor del financiamiento electoral ilícito y la conmutación de penas y que días después se retractaron, frente a una tormenta de repudio e indignación.
De acuerdo con la Agencia Guatemalteca de Noticias, Carrillo será la encargada de formular los reglamentos y normativa interna de la institución. La funcionaria anunció un comité de transición entre ese instituto y la Defensa Pública Penal, y garantizó que personal es altamente calificado en victimología.
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