Además, en los alrededores del Palacio Legislativo hubo efectivos del Ejército portando armas de asalto. La institución castrense no precisó el número de uniformados que se sumaron a la vigilancia afuera del Palacio Legislativo.
Ante ese escenario, algunos de los invitados a la sesión solemne prefirieron ausentarse.
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El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo que no acudió a la sesión en rechazo a la “innecesaria e intimidatoria” presencia de los soldados.
En este mismo sentido, Carlos Barreda, diputado de la UNE, también dijo que no asistió a los actos en el Congreso por el despliegue militar.
Resguardar orden
Rivera dijo que no era un exceso la presencia policías y militares, pues era una medida de prevención ante las manifestaciones de organizaciones campesinas que desde El Obelisco, Anillo Periférico, Trébol y la ruta al Atlántico llegaron al centro capitalino.
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“Estamos para resguardar el orden público y la seguridad de los manifestantes y personas que van a acudir al Congreso, de los tres organismos del Estado”, declaró Rivera.
El funcionario afirmó que hubo coordinación con el Ejército, encargado del tercer anillo de seguridad debido a la presencia de altos funcionarios.
El viceministro descartó que el despliegue policial tuvo la intención de intimidar a los manifestantes.
Por su parte, el Ministerio de Defensa afirmó que la presencia de soldados era “normal” y correspondía al resguardo del presidente y el vicepresidente que participaron en la sesión solemne.
“Todos los miembros del Ejército cuentan con una sólida capacitación en materia de derechos humanos, que les permite cumplir con sus actividades en estricto apego a las leyes del país”, menciona un comunicado.
La jornada se desarrolló sin incidentes.
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La primera movilización de uniformados en esta coyuntura política ocurrió el 31 de agosto cuando, horas antes de que el presidente Jimmy Morales anunciara que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Ese día se movilizaron vehículos artillados frente a la sede de la Cicig, en la zona 14, y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, lo atribuyó a operativos normales.
La Corte de Constitucionalidad dio trámite a una solicitud de amparo del procurador Rodas en este sentido y requirió información al Ejecutivo sobre la movilización de estos recursos.
Mensaje intimidatorio
A criterio de Verónica Godoy, coordinadora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, el despliegue de fuerzas policiales y militares armados envía un mensaje de intimidación para la población.
“El despliegue de fuerzas es excesivo, precisamente porque era una marcha pacífica por población desarmada. Esto es un desacierto y un mensaje de intimidación”, dijo Godoy.
Respecto del comunicado del Ejército justificando el despliegue de efectivos, la experta dijo que es verdad que la seguridad del presidente debe tomarse en cuenta, pero en este caso se notó un exceso en esos despliegues, lo que también tiene un efecto en el desperdicio de recursos del país.
En cuanto a las armas de alto calibre que portaban los militares, Godoy enfatizó que las fuerzas de seguridad están para proteger a la población, no para ponerla en riesgo.
“¿Se imagina lo que hubiese pasado si hubiera habido disparos? Poner gente armada para la población desarmada es como si usted quisiera matar un zancudo con una escopeta; es innecesario”, dijo la coordinadora.
A criterio de Godoy, independientemente de los recursos y herramientas legales que puedan haber por esas acciones, Jimmy Morales “debería de reflexionar sobre la forma en que está actuando”, puntualizó.
Riesgo innecesario
Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, dijo que era innecesario, dada la situación que se vive en el país, que Morales acudiera al Congreso a un acto de independencia, porque puso en riesgo a la población con el despliegue masivo de fuerzas policiales.
De acuerdo con Menchú, el mensaje que deja con esos despliegues es que “se protegerá a los políticos a toda costa”, aunque quizá los momentos tensos que vive el país los pudieron haber motivado a movilizar a tantos agentes.
“Aunque a las visitas del presidente siempre van dos, cuatro o seis agentes armados, se vio que en esta ocasión el despliegue fue mucho mayor, quizá por el riesgo que se tenía; sin embargo, las cosas pueden salirse de control y eso es arriesgar a la gente”, enfatizó el analista.
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