Hay momentos cuando voces valientes no resisten y denuncian situaciones indeseables; con su acto catalizan el sentir de la sociedad. Es el caso del artículo escrito el pasado septiembre por el distinguido economista Gert Rosenthal, al cual reaccionó el no menos ilustre doctor Román Carlos Bregni, prendiendo la luz de alarma sobre el agravamiento de un histórico problema que el Ministerio de Salud, en su calidad de ente rector, no ha querido o no ha podido nunca enfrentar.

De hecho, ambos artículos cayeron como balde de agua fría a algunos, pues surgen justo cuando la gravedad del problema de los sobrecostos de los medicamentos, manejado siempre como un “secreto a voces”, quedó comprobado fehacientemente con la medida tomada por el IGSS de introducir la modalidad de compra de medicamentos vía la Oficina de Proyectos de Naciones Unidas (Unops). Con apenas un par de años en vigencia, este mecanismo ha demostrado ya su efectividad, permitiendo que la institución pague precios más razonables en los mercados globales y con proveedores nacionales por los mismos medicamentos que venía comprando con anterioridad. Como también evidenció la Cicig en su momento, esto se da en buena medida porque los mecanismos institucionales están altamente cooptados y corrompidos. Si bien la Unops solamente está comprando el equivalente al 30% del listado oficial de medicamentos que provee el IGSS a sus derechohabientes, lo que se ha ahorrado en sobrecostos es impresionante. Es, por consiguiente, una medida que todos deberíamos apoyar e impulsar para que continúe y se amplíe.

Lamentablemente, a la fecha, no vemos ningún pronunciamiento de parte de los colegios profesionales vinculados a la salud, ni de asociaciones de especialistas; sea en respaldo al IGSS y/o al doctor Carlos, quien ha sido demandado por denunciar el sobrecosto y causas subyacentes. No digamos que el MSPAS, en su calidad de ente rector, y el Minfin, que debe velar por la calidad del gasto público y la transparencia, accionen en respaldo, aun sabiendo muy bien cómo opera este mercado. Así de profunda es la captura del Estado.

Hemos sido personas en lo particular, médicos y otros profesionales de la salud, los que hemos dado respaldo al doctor Carlos. No somos solo los que hemos firmado comunicados o columnas; somos mucho más que queremos que se introduzcan correctivos, como ya se hace en muchos otros países y ha hecho el IGSS.

Los colegios profesionales de la salud se han pronunciado acertadamente en contra de la medida gubernamental de eximir a los salineros de su obligación de enriquecer la sal con yodo y flúor, lo cual aplaudo y apoyo con toda mi fuerza. Sin embargo, en el caso de los sobrecostos de los medicamentos guardan un silencio profundo.

Señores dirigentes de los colegios profesionales, deben recordar que su silencio mata. Que más allá de defender “intereses” gremiales, los colegios profesionales de la salud tienen la obligación primordial de velar por la salud de las personas y, en particular, de los pacientes. Eso no se puede lograr si el mercantilismo se antepone o entra en conflicto de interés con lo que dicta el código de ética y la razón de ser de las profesiones de la salud. No son batallas que debieran librarse por profesionales individuales, por valientes que sean. Ustedes tienen voz y margen para actuar, y obligación de defender a la población. ¡Queremos escucharles y verles actuar! Los medicamentos son insumo crítico para la práctica médica; simplemente no pueden hacerse los ciegos, sordos y mudos frente a esta situación, donde, además, la ética en la práctica médica puede verse profundamente cuestionada.