En la playa de Amatique, llegó un hidroavión azul, tiene un doblez en sus alas anteriores y un motor que apunta al cielo en su fuselaje trasero. Toda la prensa, publicó el retrato de la aeronave de fibra de vidrio. Su diseño novedoso invita a vuelos de recreo. Aunque en gustos se rompen géneros, algunos la consideran más bonita frente a la avioneta donde se accidentó John Denver, un devoto de los aeroplanos experimentales. Obviamente de mejor gusto, si se compara con la avioneta bautizada como balita, de la pareja expresidencial. Le adicionaron un conveniente tanque de gasolina para que alcance mayor distancia. Al momento de asegurarse por la PNC, el guarda equipaje estaba lleno con US$1.2 millones. Ya se sabe que los carteles no son una sola familia; de donde el chivato alerta a las policías. El dinero causa envidias provoca traiciones, dicen los Tigres del Norte. Fueron detenidos Jonathan y Oscar Alberto, los apellidos no importan. A la orilla del mar, dos nacionales la reabastecían, Marlon y Jorge Mario conocidos por la policía.

En habla burocrática actual, fueron judicializados. Asunto fácil, sin tanto amparo y otros recursos para dilatar el proceso. No se contaba con el juez de Puerto Barrios, Edgar Aníbal Arteaga López, señalado administrativamente en 43 ocasiones desde el año 2,000. Obtuvo la judicatura cuando fue trasladado desde Villa Nueva por haber devuelto un auto que transportaba marihuana. Se perfila como un objetor de la prisión preventiva; naturalmente, si se trata de narcotraficantes.

En el proceso se apersonaron dos supuestos abogados. Presentaron contratos de arrendamiento falsos para demostrar el arraigo de los narcotransportadores de valores. El juez decidió liberar a todos, bajo medidas sustitutivas como ahora se llama a la libertad bajo fianza. Los liberados se han esfumado. Además, se descubre un almacén en el aeroclub del puerto, a cargo de los detenidos. ¿Puede sorprenderse alguno, porque los EE. UU. prohíba el ingreso a su territorio, de avionetas con matrícula guatemalteca?

Mientras tanto, el juez de feminicidio del mismo puerto, acompañado de una colega, viaja a las playas e islas de Honduras. Desconoce el encargo hecho a la policía hondureña; más de un abusivo busca venganza. Los abogados llevan menos de doce mil dólares. Si se divide entre dos, son seis mil para cada uno. Pero, la policía hondureña los toma presos por trasiego de dinero. Sabido es que el límite son diez mil dólares por cabeza. Los diarios reproducen a la saciedad, la foto del juez turista con el cartel de la policía hondureña. En los últimos tiempos, en el puerto, son corrientes los arrestos bajo acusación de comportamiento sexual inapropiado, difícil de probar. ¡Quién quita, sean inventos! Se trata de actuaciones policiales arbitrarias que generan desconfianza.

Además, se hace un esfuerzo para controlar el contrabando. Ya se sabe de los problemas de estiba, grúas y almacenaje de contenedores, tanto en Santo Tomás de Castilla, como en Puerto Barrios. Se carece de planes en marcha o futuros, para la modernización que permita el atraque de más barcos. La carretera de aproximación a los puertos debe ser ampliada y tener previsto nuevos destinos hacia desarrollos de vivienda en apoyo a los trabajadores locales.

El departamento de Izabal es la puerta al Caribe, para comunicarse con la costa Este de los EE. UU. y Europa. No puede abandonarse al crimen organizado y vulnerar la tranquilidad de ciudadanos pacíficos. El ambiente natural, a pesar de su exuberancia, es frágil, por lo que debe ser protegido. ¡Hay tanto que hacer!

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