El ambiente en el Organismo Judicial (OJ) está enrarecido. Son ya varios los casos que muestran cómo los poderes paralelos se han entronizado en una institución que debería estar orientada a la administración de la justicia en forma independiente y autónoma, alejada del tráfico de influencias. Sin embargo, esa situación está lejos de ser la realidad de un organismo clave en la lucha contra la impunidad. La reciente denuncia del juez Pablo Xitumul sobre la presunta violación de su independencia para ejercer sus labores profesionales es una prueba de cómo tales sectores fácticos tratan de incidir en los fallos judiciales. Al igual que en el Legislativo y en el Ejecutivo, esos poderes han colocado en puestos estratégicos a funcionarios que tienen como objetivo frenar la lucha contra la impunidad, en todas sus manifestaciones.

Según la denuncia del juez Xitumul, el responsable de tales accesiones sería Carlos Guerra, presidente del Consejo de la Carrera Judicial, quien estaría detrás de esa presunta violación de la independencia judicial para tratar de incidir en procesos, como el de la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, un caso emblemático en el que estaban señalados y ahora condenados varios antiguos jefes militares.

Antes de ese caso se conoció la forma en que se ha tratado de afectar a la jueza Érika Aifán en dos ocasiones. La primera con la solicitud de antejuicio en su contra por haber autorizado el allanamiento del apartamento de Eddy Giovanni Orellana, separado del cargo de presidente de la sala segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil por su involucramiento en el caso Comisiones Paralelas. La petición de quitarle la inmunidad a Aifán es porque la esposa de Orellana es jueza y vive en ese mismo apartamento, por lo que supuestamente se habría vulnerado el derecho de antejuicio de esta. El problema es que las investigaciones del MP y la Cicig señalan que tal apartamento habría sido entregado a Orellana como premio por su labor para cooptar autoridades judiciales. El siguiente caso fue cuando la Sala Tercera de Apelaciones, constituida en Tribunal de Amparo, le había ordenado a Aifán cerrar el proceso penal a favor de la familia del ruso Igor Bitkov, algo inédito porque vulneraba su independencia judicial. Como la jueza abrió un nuevo juicio contra los Bitkov, esa sala la denunció en el Ministerio Público y la multó con Q1 mil. La Corte de Constitucionalidad (CC) favoreció a Aifán y ordenó a la sala emitir una nueva resolución.

A esos hechos se agrega la selección, por parte del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de Conrado Reyes Sagastume como magistrado suplente de la CC, pese a que dicho abogado fue separado del cargo de fiscal general debido a sus supuestos vínculos con grupos del crimen organizado. De nuevo la CC suspendió de manera provisional a Reyes Sagastume como suplente de esa institución. Otro hecho cuestionable fue cuando la jueza suplente Abelina Cruz dejó en libertad a Blanca Stalling, magistrada separada de sus funciones en la CSJ, pese al intento de fuga que había protagonizado, o como los casos de los jueces, también suplentes, que otorgaron arresto domiciliario a implicados en casos que lleva el juez Miguel Ángel Gálvez. Llama la atención que esos jueces fueron nombrados por acuerdo del Consejo de la Carrera Judicial, el mismo organismo al que señala el juez Xitumul de tratar de vulnerar su independencia profesional. Y qué decir de la resolución de un juez de Izabal que permitió la fuga de dos presuntos narcos mexicanos que habían sido capturados con $US1.2 millones y la fianza fue de apenas Q1.2 millones. Estos hechos, entre otros muchos, revelan cómo el Organismo Judicial ha sido penetrado por los poderes paralelos.

@hshetemul