El caduco sistema político y judicial sigue dando preocupantes señales de agotamiento e inviabilidad. Se acrecientan las muestras de enorme resistencia al rechazo social y a la demanda por cambios de fondo en la moralidad de quienes tienen sobre sus hombros la responsabilidad de conducirse con ética.

Muchas acciones evidencian lo contrario, mucho menos atender el clamor ciudadano por el cese de todo tipo de abusos, lo cual progresa a niveles preocupantes. Una de estas bochornosas escenas se produjo ayer en el Juzgado Décimo, donde la jueza suplente Abelina Cruz Toscano le concedió medida sustitutiva, sin ningún tipo de fianza, a la magistrada Blanca Stalling, quien cobró fama cuando, disfrazada con una peluca, intentó evitar su captura.

El episodio debe llamar a la preocupación, pues Stalling había evitado acudir a una audiencia previa en la que debía hacer el mismo planteamiento, pero se rehusó a hacerlo, en una clara muestra de coordinación para esperar el momento oportuno para proceder, como ocurrió ahora, cuando las condiciones le eran favorables.

Como preámbulo del ignominioso episodio, la jueza suplente había prohibido minutos antes el acceso de los medios de comunicación a la audiencia que ella sostendría con Stalling, lo que agregó oscuridad a su resolución, pues ha sido una de las prácticas en numerosas instancias públicas cuando los hechos desafían el sentido común.

Como era de esperarse, la Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó una apelación contra la decisión de la jueza Cruz, pues es claro que la medida sustitutiva otorgada a Stalling ni siquiera tomó en cuenta que cuando fue capturada portaba un arma de fuego y tenía la clara intención de burlar a la justicia, como una vez más lo ha hecho en esta ocasión.

Estas situaciones evidencian la enorme descomposición por la que atraviesa el sistema de justicia, que sigue dando alarmantes muestras del poco interés que existe en sus máximos representantes por combatir la corrupción y la impunidad, haciendo uso de privilegios en beneficio de quienes se resisten a la acción de la justicia y con demasiado descaro incurren en actitudes que intensifican la mácula sobre el sistema.

Uno de los primeros en reaccionar fue el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, quien mostró preocupación por la decisión de la jueza Cruz, al considerar que aumenta su situación de vulnerabilidad, pues él fue quien presentó la denuncia contra la magistrada Stalling, por querer obligarlo a beneficiar a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, quien enfrenta cargos por un caso de fraude contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Con esta decisión, la jueza suplente Abelina Cruz Toscano acrecienta la imagen de precariedad por la que atraviesa el Organismo Judicial, cuyos integrantes, en una mayoría, se han convertido en aliados de sectores claramente opuestos al fortalecimiento del estado de Derecho, en un absurdo proceder que los aleja del cumplimiento del deber con honestidad y responsabilidad y con lo cual terminan favoreciendo a un sistema marcado por la corrupción y el escaso compromiso de combatir la impunidad y el tráfico de influencias.