Las señales de regresión son alarmantes. Las acciones que se han emprendido para desbaratar los avances de la lucha contra la corrupción y la impunidad han ido en aumento. Al inicio había más disimulo, pero, en la medida que el tiempo avanza, quienes se sienten amenazados porque saben que la Fiscalía —tarde o temprano— llegará a tocar su puerta han perdido todo pudor.

Además de la ofensiva política y diplomática, de la estrategia de opinión pública —si es que podemos llamarla de esa manera— que combina publicaciones en medios de comunicación y ataques permanentes en las redes sociales —los netcenters trabajan a todo vapor—, y del impulso de una agenda regresiva en el Congreso, se ha denunciado que está en marcha una estrategia de vigilancia y seguimiento en contra de quienes son considerados “enemigos” del régimen.

Ya en tiempos del gobierno del Partido Patriota se hablaba del funcionamiento de un aparato paralelo de inteligencia que realizaba, entre otras tareas, intervenciones de comunicaciones telefónicas y electrónicas, seguimientos a líderes sociales, periodistas, activistas de derechos humanos, fiscales, políticos de oposición, integrantes de organizaciones populares y campesinas, diplomáticos y alguno que otro empresario “disidente”. Incluso se afirmaba que los informes que se elaboraban se vendían también —por muy buen precio— a particulares interesados en estos “expedientes”.

Sin embargo, no hubo una investigación a fondo sobre estos asuntos y tras la caída del binomio patriotero y los procesos penales contra decenas de funcionarios y diputados vinculados con graves casos de corrupción no se avanzó en este terreno. El problema es que al parecer estas prácticas se retomaron o nunca se suspendieron. La difusión a través de las redes sociales —desde cuentas de la presidencia de Jimmy Morales— del video del allanamiento efectuado por el MP y la Cicig a las instalaciones de la SAAS —que había ocurrido dos años antes— despertó todas las alarmas.

Desde entonces se percibe que nos enfrentamos a una involución respecto de las actividades de inteligencia que van más allá de los límites establecidos en la legislación y que podrían estar volviendo a ser utilizadas bajo la lógica del “enemigo interno”. No extraña para nada porque muchos de los personajes que rodean al señor Morales vienen de ahí.

Si a esto sumamos el debilitamiento de la Policía Nacional Civil vía las decisiones ministeriales y examinamos a los personajes que están tomando decisiones en materia de inteligencia, el cuadro pinta para el espanto. Ni hablar de la creciente criminalización contra defensores de derechos humanos, dirigentes e integrantes de organizaciones campesinas y movimientos de resistencia, periodistas, sindicalistas y activistas sociales. Nótese también las campañas de difamación basadas en informaciones falsas que promueven el discurso de odio y que pareciera preparan el camino para que cuando se den los ataques, estos se justifiquen.

Por eso no es casualidad que el Foro de Organizaciones Sociales especializadas en temas de Seguridad (Foss) haya organizado la semana pasada un seminario sobre los servicios de inteligencia en sociedades democráticas, en donde quedó clarísimo que cuando la actividad de inteligencia se emplea en perjuicio de la oposición o de sectores políticos o sociales se está desnaturalizando. La investigación Así nos espía el gobierno, de los colegas Luis Ángel Sas y Coralia Orantes, publicada ayer en Nuestro Diario, así lo revela.