Cada vez se hace más evidente que Estados Unidos necesita aplicar mayor inteligencia y menos intolerancia en la búsqueda de soluciones a problemas de enorme impacto, como ocurre con la inmigración, la cual difícilmente terminará si no se emprenden ambiciosos proyectos de desarrollo en los lugares de origen de esos flujos irregulares.

Esto será fundamental para replantear el futuro de países como El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua y Guatemala, donde no parece ser suficiente el endurecimiento de medidas contra quienes son responsables de administrar o tolerar la corrupción, una de las causas del enorme subdesarrollo y, en consecuencia, de la incontenible emigración y de muchas otras lacras que conspiran contra cualquier posibilidad de desarrollo.

Cuando Estados Unidos endurece sus políticas migratorias, que hace lo correcto en términos de protección interna, pero en un mundo tan globalizado como el actual, cualquier medida aislada, como las deportaciones masivas, tienen un mayor impacto en los países receptores de esos miles de retornados, para quienes no existe posibilidad de reinserción, y de ahí la causa de su afán por buscar una realidad sustancialmente diferente.

Esto parecen haberlo comprendido varios congresistas estadounidenses y han dado un paso en la vía correcta al enviarle una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, en la cual le piden al gobierno de Donald Trump restablecer el estatuto de protección temporal para los miles de migrantes procedentes de Haití, Honduras y El Salvador, porque el cierre de esa puerta puede tener un impacto catastrófico en estas y otras naciones.

Ciertamente, Estados Unidos debe revisar a fondo sus políticas migratorias, porque con la intensificación de las deportaciones solo agravarán las condiciones socioeconómicas y de seguridad en estas naciones. En lo que respecta a Guatemala, solo en lo que va del año las deportaciones aumentaron 85 por ciento respecto del mismo período del año anterior.

Los registros de la Dirección General de Migración reportan que en los primeros siete meses del 2018 han sido deportados 30 mil 138 guatemaltecos, una cifra que podría cerrar el año con alrededor de 52 mil repatriados, la que podría ser la más alta en la historia y que indudablemente tendrá un enorme impacto en las causas que empujaron a muchos de ellos a salir del país.

Si bien la inseguridad, el narcotráfico y la violencia homicida están entre las principales causas, también ahora existe el convencimiento del papel determinante que juega la corrupción en el agravamiento de esas condiciones, pero también se debe entender que eso no se corregirá con tirones de orejas y cancelaciones de visas si no se emprenden reformas estructurales que apunten a un cambio radical en los modelos económicos y de gobernanza.

Otro grupo de congresistas planteó la necesidad de conceder el TPS a los guatemaltecos y mantenerlo a su vez para los nicaragüenses, porque están claros que las condiciones socioeconómicas y políticas prevalecientes en la región lo hacen recomendable. Solo cabría agregar que paralelamente deben subir los condicionamientos hacia quienes han sido los responsables de hacer esfuerzos genuinos por sentar las bases de la ruta de la prosperidad.